EL JUEZ MONTI SE NEGÓ A DEJAR LA CAUSA Y CANICOBA CORRAL LA QUIERE TRAMITAR EN EL FUERO FEDERAL

La Corte definirá la competencia en el caso del crédito a Alpesca

CORTELa Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá la competencia de los jueces en la causa del préstamo de 10 millones a Alpesca. Tras la imputación de Omar ‘Cura’ Segundo, su hijo Juan Paulo y Carlos Molina, uno de los ex gerentes de la empresa Alpesca como “partícipes necesarios” de la presunta estafa al Estado provincial, en la causa que investiga el préstamo de 10 millones de pesos que el Gobierno de la provincia le entregara a la empresa a través de Corfo para el pago de los haberes de los empleados de la pesquera y del cual solo se devolvió un millón y medio, el Fiscal Jefe de la ciudad de Puerto Madryn, Daniel Báez, manifestó que existen muchas cuestiones pendientes y aún continúa en curso la investigación.
El Fiscal señaló que la solicitud realizada ante el juez Fabio Monti para ampliar la investigación responde a que dentro de los grados de participación de un delito hay autores, co-autores y partícipes necesarios, y en tal sentido dijo entender que Segundo sabía, al igual que otras personas, que el dinero que solicitaban no lo devolverían.

Pagadiós

“Esto surge de la investigación que se hizo cuando se abrió la causa y fue convocado el presidente del Banco del Chubut, por entonces Rubén Bambacci,, al despacho del Gobernador Martín Buzzi, días previos a que se celebrara con Corfo el mutuo acuerdo, lugar donde se encontraba además el por entonces Ministro de Coordinación de Gabinete Carlos Eliceche y Omar Segundo”, relató el fiscal Báez sobre el devenir de los acontecimientos, agregando que según los dichos de Bambacci, “este es conminado a que se le entregue dinero a través de la entidad bancaria a Segundo”, a lo cual éste se niega “porque éste no era sujeto de crédito”.
En su declaración el ex titular del Banco explicó que la negativa de entregarle dinero al empresario no respondía a un capricho suyo, sino que estaba basada en que éste tenía una gran cantidad de cheques rechazados y tenía una calificación de deudor importante en las categorías que determina el Banco Central. A raíz de ello, como no se le podía entregar el dinero a través del Banco del Chubut, se canalizó a través de Corfo, por lo que es allí desde dónde la Fiscalía entiende que Segundo también sabía que no devolvería los 10 millones de pesos que le fueron otorgados, lo cual sucedió, por lo que entiende que fue parte del fraude a la Administración Pública provincial.

La trama

El fiscal Báez explicó que tras la reunión, “Bambaci reúne al Directorio del Banco, entre ellos a Alejandro Fernández Vecino y Cesar Mac Karthy ambos directores de la entidad” y de trayectoria reconocida en distintos ámbitos ya que han sido diputados y senadores. Allí, el titular del Banco les plantea la situación afirmando que no se le iba a prestar el dinero al empresario porque no era sujeto de crédito y sabía que no iba a devolverlo.
“En éste momento nos encontramos a la espera de que el juez que lleva la causa fije una audiencia para hacer las imputaciones y se encuentran pendientes aún la resolución ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut el tema de las fueros de la Ministro de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, y del Gobernador para ser sometidos a proceso; y también el planteo de incompetencia que apareció a mediados del año pasado donde Martín Buzzi realizó una presentación ante el juzgado federal del Dr. Canicoba Corral, pidiendo que la causa pasara al fuero federal atento a que casi un 20 por ciento del dinero provenían del Estado Nacional” sostuvo Daniel Báez.

Competencia

El pedido del Gobernador de la Provincia enfrentó a los jueces en cuestión en una compulsa por la competencia de ambos en la causa, ya que el Juez federal se encuentra a favor del planteo de la defensa del mandatario, pero que por el contrario el juez local el Dr. Fabio Monti se opuso a declararse incompetente, y brindó sus argumentos haciéndole saber a Canicoba Corral que no iba a declinar su competencia, y éste remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el “conflicto de competencia”. Cabe destacar que está previsto por la ley que cuando dos jueces de distintas jurisdicciones y distinta competencia, Justicia Provincial y Federal, entienden que ambos son competentes, debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tal sentido, el fiscal Jefe, Daniel Esteban Báez, señaló que el Estado Nacional no debía haber tenido idea de que ese dinero iba a terminar en manos de Omar “Cura” Segundo, ya que originalmente ese dinero no fue destinado y girado a Chubut para ese fin, lo cual, según la visión de la fiscalía, también brinda un reconocimiento de que a los fondos provenientes de Nación, como lo dijo Martín Buzzi en su presentación ante el juzgado federal, se le dio un destino distinto que el que originalmente habría tenido.

“Son artilugios con fines dilatorios”, afirmó Báez

En cuanto a las implicancias que ocasiona la espera de la decisión que adopte la Corte Suprema, el fiscal Daniel Báez dijo que no se entorpece la investigación aunque si se dilata, ya que va condicionando el trabajo teniendo en cuenta la resolución de los planteos. “Más allá de que nosotros seguimos trabajando, de hecho hemos ampliado la imputación, son todos artilugios legales porque esto no se planteó desde un primer momento ni tampoco lo planteó el abogado que representa a Buzzi en la provincia, sino que lo hizo una letrada en Buenos Aires porque la defensa de acá no estaba enterada de que se iba a realizar la presentación,” subrayó.
Para el Fiscal Jefe, el hecho de que no haya una defensa unificada llama la atención, ya que si bien por un lado se interponen los fueros, lo cual considera que la justicia le dará la razón por el hecho de que los fueros son para los casos de opinión, pero no ante la posible comisión de un delito, poniendo como ejemplo el procesamiento del Vicepresidente Amado Boudou. Además, señaló que existen muchos casos para tener en cuenta en los cuales los fueron no han sido barreras para no someter a proceso a funcionarios.

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