Este año parece mostrar condiciones para debates de fondo y en ese marco la actividad minera estaría dispuesta a que la ciudadanía pregunte y aclare todo tipo de dudas sobre de qué modo se podrían utilizar recursos naturales de la provincia de una manera sustentable productiva y ambientalmente hablando, para reconvertir zonas que hoy están económicamente casi acabadas.
Aunque nadie quiere cargar con ese debate, sobre todo por las consecuencias políticas que pudiera acarrear en la imagen de quien habilite el diálogo, el hecho es que el tema está instalado y hoy existente un buen número de comunidades que además de conservar el prístino suelo, velan por conservar a sus habitantes como prioridad.
Como sea, el tema está en agenda y ya incluso se abordan en organismos nacionales, otros temas vinculados que hacen al sector y a cuestiones de fondo de la producción.

Trabas burocráticas

Este mes por ejemplo surgió como uno de los principales debates del sector, la implementación de un nuevo registro fiscal creado por la Afip en diciembre pasado amenaza con provocar un incremento de los costos administrativos y operativos de las mineras, en especial de las de pequeña y mediana envergadura y de las empresas junior. A fines del año pasado, la resolución 3692 del organismo que conduce Ricardo Echegaray puso en marcha un registro fiscal en el que deben inscribirse todas las empresas que integran la cadena de valor de la minería, tanto las empresas productoras como los proveedores de servicios e insumos. La medida, que entró en vigencia el 1° de enero, también alcanzó a los tenedores de cateos y prospectos exploratorios.
En la práctica, la iniciativa generó una reducción del universo de proveedores con el que trabajan las productoras. Concretamente afectó a pequeños y medianos contratistas que muchas veces no cuentan con la estructura administrativa necesaria para inscribirse en el sistema creado de la AFIP.
Entre las condiciones para inscribirse, los proveedores deben poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (Cuit) activa, tener actualizado el sistema registral, tener el alta en IVA y Ganancias, haber presentado las últimas declaraciones juradas de IVA y la última de Ganancias, haber registrado y aceptado datos biométricos (la registración de manera digital de la firma, foto, huella dactilar y el escaneo del DNI), entre otros. Además, deben operar con facturas electrónicas. Como resultado, en la industria cuestionan la burocratización de la actividad, que atentará directamente contra la oferta de insumos y servicios para el sector.
“Existen algunos proveedores, por ejemplo del rubro alimenticio, que no están preparados para cumplir con el régimen que plantea la AFIP. Por eso, lo que estamos notando es una reducción de los proveedores disponibles. Por otro lado, existen contratistas que venden de forma esporádica a las mineras y que por consiguiente sólo venden a nuestro sector un pequeño porcentaje de su facturación, que optaron por no inscribirse en el registro de la AFIP para evitar la burocracia que eso conlleva”, explicó a El Inversor Onlline un alto directivo de una minera radicada en el norte del país, que optó por la reserva de nombre.
Los proveedores que no se registran igual podrán venderle a una firma minera, pero están sujetos a retenciones más gravosas del impuesto a las Ganancias y el IVA, que impactan directamente en sus cuentas. La retención –sumando ambos tributos- oscilará entre el 30,5% y el 56 por ciento.

Salarios y despidos

El otro escenario complejo para el año en curso que presenta la minería, es la mirada que tienen sobre el negocio los representantes de los trabajadores. Las condiciones macroeconómicas, la suba de costos internacionales y la falta de inversión condicionan el desarrollo de la actividad. Esto no sólo preocupa a las operadoras, sino también a los gremios, que en las próximas semanas comenzarán las negociaciones paritarias con el objetivo de paliar la pérdida de poder adquisitivo de sus representados sin afectar la viabilidad de las operaciones en este contexto.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, se mostró cauto sobre los pisos de la negociación salarial. “Recién en marzo- abril comenzaremos a negociar y eso durará hasta junio-julio. Estamos preocupados por el proceso inflacionario y la baja de la actividad, pero no hay un parámetro para el 2015”, explicó.
La caída de la actividad inquieta a los representantes gremiales. “Tenemos la misma preocupación que las cámaras. A corto y mediano plazo hay un bajón; hace tres años que viene decayendo la exploración. Hay que tener en cuenta que de cada 100 proyectos de exploración, tan sólo uno pasa a explotación. Y si no hay explotación la mina no es rentable”, sostuvo Laplace.

Conflicto en Neuquén

Uno de los focos de conflicto se observa hoy en Andacollo Gold. Desde diciembre pasado la compañía está paralizada y presenta deudas por más de 30 millones de pesos entre los sueldos de los 160 trabajadores, atrasos con proveedores y regalías mineras adeudadas.
Consultado sobre la cuestión, Laplace afirmó que “Andacollo no es un proyecto grande, pero sí es importantísimo para la gente de la zona ya que sostiene la economía regional. Hace un año cambio de manos a capitales nacionales, en diciembre se mandaron a mudar. Abandonaron a 160 trabajadores y pusieron en riesgo sus fuentes de trabajo”.
Desde hace semanas se escucha con fuerza que la Corporación Minera del Neuquén (CORMINE) analiza la posibilidad de contratar temporalmente a los 160 mineros de Andacollo Gold, que hace más de un mes se encuentran sin trabajar y con salarios adeudados.
“El Gobierno ha dado un paliativo. Ahora estamos a la espera de su decisión de absorber temporalmente a los trabajadores abandonados por Andacollo Gold”, sostuvo el secretario general de la AOMA.
Andacollo Gold explota un área de 22.000 hectáreas de minas que fueron concesionadas en 1998 durante el gobierno de Jorge Sobisch con un usufructo de 20 años y una opción a otros 10.
La concesión la hizo la provincia en un momento en el que disolvió la CORMINE porque aducía que era un freno al ingreso de capitales privados en la explotación minera. La gestión de Jorge Sapag reactivó la corporación, que tomó a su cargo la titularidad de las explotaciones.
En un principio la minera tenía capitales canadienses y chilenos pero sin que se informara oficialmente hace un año tomaron el emprendimiento de Andacollo un grupo empresario mendocino.
Ante los constantes incumplimientos con CORMINE el Gobierno neuquino estudia activar una cláusula de rescisión del contrato y de ese modo estar en condiciones de licitar nuevamente el área.
O sea, mientras en Chubut aun subterráneamente se disputa por el “si” o el “no”, en realidad la actividad ya transita otros conflictos en otras provincias que en breve nos alcanzarán, como el cómo, el porqué y el cuanto…Para pensar.

Fuentes: EIO, NA, propias