El gobierno de Tierra del Fuego oficializó ayer la decisión de suspender el permiso de pesca provincial del barco “Echizen Maru”, perteneciente a la empresa de capitales japoneses Pesantar, por presuntos vínculos con la operatoria en torno a las Islas Malvinas.
La denuncia fue presentada por Juan Benegas, que es gerente de operaciones de la empresa Pesantar. Este empleado de la empresa pesquera asociada con la compañía japonesa elevó una denuncia ante el Ministerio de Agricultura y la semana pasada hizo lo mismo en la secretaría de islas Malvinas que dirige Daniel Filmus y que depende de la Cancillería quien ordenó una investigación.
La medida, que ya había sido adelantada por la gobernadora Fabiana Ríos, fue adoptada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia.
El organismo inició un sumario administrativo “a fin de establecer las responsabilidades del caso” y “mediante resolución se suspendió provisoriamente el permiso de pesca de la empresa”, consignó el Ejecutivo fueguino en un comunicado.
Asimismo, el gobierno provincial está cursando notas a las autoridades nacionales, solicitando “copia de la denuncia original y de toda la documentación relacionada al caso para poder evaluar y tomar las medidas en consecuencia”, agrega el texto oficial.
La denuncia, vale recordarlo, fue presentada a fines del año pasado ante la Subsecretaria de Pesca de la Nación y Cancillería, por parte de Juan Benegas, un empleado de la propia Pesantar.
El denunciante refirió una supuesta relación entre la pesquera que está establecida en Ushuaia y el buque “Unión Sur”, propiedad de la empresa Emdepes, instalada en Chile y perteneciente al grupo japonés Nissui, ligado a Pesantar, que estaría operando en aguas aledañas a Malvinas desde 2014.
Como pruebas, se presentaron mapas satelitales del trayecto que hizo el “Unión Sur” por esta zona del Atlántico Sur. Con estos elementos, el caso también está siendo analizado en las esferas del Gobierno nacional, por lo que no se descartan sanciones de mayor peso.
La Ley Nacional de Pesca en el artículo 27 bis establece que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización) y eso incluye a aquellas firmas que trabajan en zona de exclusión ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago.
“Por lo tanto, dado que existen declaraciones juradas de la empresa, de probarse este vínculo denunciado, se debe suspender el permiso y retirar las cuotas de captura que tenga autorizadas”, afirma el comunicado del Gobierno fueguino.

Posibles sanciones

En un nuevo capítulo de la embestida de la Argentina contra Gran Bretaña por el reclamo de la soberanía en las islas Malvinas, el Gobierno evalúa en estas horas sancionar a una empresa pesquera japonesa que se encuentra operando en aguas del Atlántico Sur con una licencia de las islas, pero que a la vez tiene permiso de pesca en la Argentina.
Así lo ratificaron fuentes calificadas de la Cancillería y del Ministerio de Agricultura y Pesca, que evaluaron una denuncia presentada en los últimos días por un particular en donde se advirtió que el buque Unión Sur, propiedad de la empresa Emdepes, instalada en Chile y perteneciente al grupo japonés Nissui, estaría operando en las aguas aledañas a las islas Malvinas.
Este buque habría obtenido una licencia de pesca del gobierno británico durante 2014 para operar en las islas Malvinas, pero paralelamente esa empresa está asociada con la compañía pesquera Pesantar, que tiene licencias para trabajar en aguas de la Argentina y está operando aquí desde hace tiempo.

Gerente denunciante

La denuncia fue tomada la semana pasada por las autoridades nacionales, que evalúan aplicar sanciones a la empresa que opera en la Argentina y que está asociada con el buque de origen japonés, en función de una ley que elaboró el Gobierno hace más de dos años.
Una vez radicada la denuncia, donde se presentaron como pruebas mapas satelitales del trayecto que hizo el buque Unión Sur por la zona de las islas Malvinas, Filmus ordenó comenzar una investigación junto con la Secretaría de Pesca de la Nación, que es la autoridad de aplicación y por la cual no descartan sancionar a la empresa.