La ofensiva que lleva adelante el Gobierno Nacional para extender el congelamiento de las tarifas eléctricas se ha topado con un obstáculo inesperado que promete afectar al propio Ejecutivo, como al gobernador bonaerense y candidato presidencial, Daniel Scioli. Las cooperativas de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires decidieron abroquelarse y resistir la prórroga del acuerdo de “convergencia tarifaria” que la administración sciolista suscribió con la Nación para no aumentar las tarifas eléctricas durante 2015 a cambio de una promesa oficial de desembolso de fondos para financiar obras y pagar parte de los salarios.
En Chubut, también hubo crítica desde las entidades a la adhesión del congelamiento de tarifas, aunque se saldó con la aprobación de la Ley que autoriza la aplicación de tarifas de referencia en toda la provincia. Trelew comenzó a aplicarla y desató una polémica entre el Municipio y los concejales por considerarse un tarifazo encubierto, en tanto, en Puerto Madryn prometen aplicarla desde marzo, luego que esta semana fueran derogadas dos tasas de recaudación que la cooperativa la usaba para pagar deudas.

Obras que no llegan

En la provincia del candidato presidencial Daniel Scioli, los dirigentes cooperativistas están que trinan por no haberse cumplido con el compromiso de autorizar un ajuste en las facturas para enero tal como habían acordado en octubre del año pasado y por su decisión de plegarse de inmediato a la nueva versión del cepo tarifario que impulsa la Nación.
Según las cuentas de las cooperativas, por el programa de “convergencia 2014” tenían que haber cobrado cerca de $ 450 millones para obras de mantenimiento e infraestructura. Pero de ese total, apenas recibieron algo menos de $100 millones. Con las mismas tarifas de hace dos años y sin la totalidad de los fondos prometidos, las operadoras eléctricas tuvieron que afrontar en 2014 los mayores costos de operación, las subas salariales y la mayor parte de las obras que se iban a pagar con los recursos nacionales.
Para este año, el panorama que vislumbran las 230 cooperativas bonaerenses que emplean a casi 3.000 operarios enrolados en el gremio de Luz y Fuerza se perfila bastante oscuro. Los números que barajan indican que, sin ajustes tarifarios, necesitarán una asistencia económica del orden de los $ 1.200 millones para poder encarar las obras prioritarias y garantizar el pago de los sueldos.

La ofensiva

Por un lado, hicieron público su malestar con una nota enviada al Secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco la Porta en la que advierten que el incumplimiento del aumento tarifario que había anticipado Scioli “está generando que nuestras asociadas ingresen en cesación de pagos en diferentes ítems que hacen a su funcionamiento como proveedores, tasas e impuestos”.
Tras calificar como “inapropiado e inviable” el acuerdo que vuelve a congelar las tarifas, le exigieron a la provincia que proceda a definir “nuevos cuadros tarifarios que contemplen los mayores costos incurridos en 2014 y que permitan hacer frente a los compromisos económicos de este año”.
Y por otro lado, el bloque de cooperativas que integran FEDECOBA, APEBA, FACE, Coopelectric y Creces convocaron a una asamblea extraordinaria para el 20 de enero en la localidad de Azul con el fin de establecer un plan de acción en caso de que no aparezcan las respuestas esperadas de La Plata.

No pagarle a Cammesa

Entre las posibles medidas que tienen en carpeta, hay dos que prometen generar mucho ruido. La primera sería dejar de abonar la energía que reciben de la CAMMESA si los funcionarios Planificación y Economía se atrasan o no giran la totalidad de los fondos comprometidos para cada mes. De esta manera, replicarían lo que están haciendo desde hace varios meses Edenor y Edesur que ante la falta de ingresos genuinos para pagar los sueldos dejan de cancelar las facturas por la energía que reciben del sistema eléctrico nacional.
Y la segunda medida en danza sería retener parte de los impuestos y tasas que deben remitir a ARBA y a los municipios en el caso de que se queden cortas de recursos para la liquidación de sueldos y la compra de insumos críticos.

Gómez Lozano defendió el aumento en Trelew

El Presidente de la Cooperativa de Trelew, Fabián Gómez Lozano, defendió el aumento tarifario en el servicio de agua y cloacas, y dijo que el mismo se basó en la ley sancionada por la Legislatura del Chubut, que estableció una tasa de referencia para los servicios públicos.
Gómez Lozano aseguró que la Cooperativa pierde plata en el servicio de agua potable, debido a que su tarifa está por debajo de la media que estableció el Consejo Consultivo que fijo los valores de referencia para todos los servicios de las cooperativas.
El directivo reiteró que “la Cooperativa Eléctrica de Trelew está en una situación terminal ya que, desde el año 2010 se endeuda todos los meses, y desde el año 2012 no le paga a la prestadora nacional que le vende la energía”.
“No podemos seguir perdiendo plata”, expresó Gómez Lozano, quien dijo que “no más allá de dos meses la Cooperativa debería tener equilibrado sus costos, ya que, de lo contrario, marcha derecho al concurso por quiebra”.
Agregó que el déficit mensual del servicio de agua potable es de 4 millones y que, con este incremento, la cooperativa percibirá cerca de 2 millones de pesos.
Gómez Lozano valoró el apoyo que se le brindó a la institución por parte del Intendente, Máximo Pérez Catán, a quien destacó “por haber sido el único que nos escuchó y se puso a disposición para solucionar el problema económico y financiero que tiene la Cooperativa”.

Servicoop en marzo facturará con incremento

El Consejo de Administración de la cooperativa Servicoop de Puerto Madryn adelantaron ayer que se encuentran analizando la facturación del mes de febrero, y mencionaron que para marzo podrían aplicar un porcentaje de la tarifa referencial dispuesta por el gobierno de la provincia.
El presidente de la Servicoop Lucas Marani brindó una conferencia de prensa en la cual expuso la postura de la conducción de Servicoop al respecto de la determinación tomada por los ediles en una votación unánime para derogar la tasa de sustentabilidad y el fondo de mantenimiento, criticando la decisión de los ediles madrynenses.