Los sindicatos de la alimentación y de la marinería negaron haber recibido carne como asistencia social por parte de la intervención de Alpesca, la aclaración llegó luego que trascendiera que el Gobierno realizó compras directas a empresas de Trelew donde consta la adquisición de elementos de almacén y carnicería.
Omar Albornoz, titular del Comité de Ocupación, admitió que la compra se realizó aunque evitó precisar los montos, y justificó que el aprovisionamiento de gasoil y materiales para la reparación de barcos ese haya hecho en Trelew, al sostener que es muy difícil encontrar en Puerto Madryn un proveedor del Estado provincial.
Por otro lado, el funcionario de la provincia estimó que la compra de carne a la empresa Roque Germán Schuller, domiciliada en Inmigrantes 351 de la ciudad de Trelew por la adquisición de artículos de almacén y carnicería destinados para consumo del personal perteneciente a la empresa Alpesca, por la suma de pesos ochenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con cincuenta centavos ($ 82.768,50), habría sido efectuada en el mes de febrero, aunque señaló desconocer el importe.
“La carne se compró porque hay todo un régimen que respetar. Contamos con dos fuentes para poder realizar compras, una es a través de Obligaciones del Tesoro, que implica todo un procedimiento en el cual el proveedor debe estar inscripto ante el Estado, tener una cuenta en el Banco Chubut y otros trámites más; y la otra es el pago de muchas cuentas que lo hacemos a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, donde si bien el régimen es distintos también se debe estar inscripto ante la propia Administración”, expresó sobre la cuestión de índole administrativa aunque no abundó sobre la metodología de reparto de esos insumos entre los trabajadores.

Para repartir

Por otro lado, Omar Albornoz afirmó que se cuenta con un sistema de guardias en los buques varados y el tangonero amarado en el mulle Storni, y dijo que esas tareas se han diagramado en conjunto con los trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Sin precisar cantidades dijo que se estado llevando mercadería para el Promarsa y los buques que se encuentran en la costa, aunque reconoció que no es un régimen que han podido sostener con regularidad.
A pesar de la insistencia del representante del Estado por afirmar que la carne había sido repartida entre los trabajadores, Luís Núñez, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) señaló que a los empleados de planta nunca les llegó nada.
Por su parte, Jorge Reyes, dirigente del SOMU, indicó que en escasas oportunidades se aprovisionó de víveres a los barcos, al tiempo de aclarar que en esas ocasiones llegaron algunas cajas conteniendo un poco de carne picada y dos pollos, por lo que estima que no coincide el gasto realizado con lo entregado a los marineros de guardia.
El hecho de que el titular de la intervención de la pesquera haga referencia a la entrega de insumos para los barcos y quienes realizan las guardias mínimas es muy particular, ya que en 2014 se han realizado al menos cinco manifestaciones de los marineros, quienes se vieron obligados a recurrir a los cortes de ruta por el retraso en el pago de los subsidios acordados con el Gobierno provincial, y precisamente por la falta de insumos para realizar la limpieza de los barcos; además de resaltar en más de una oportunidad lo que consumían a bordo era costeado de sus bolsillos.

Sin presupuesto

En cuanto al dinero que el Comité de intervención maneja al momento de resguardar los bienes de la empresa, Albornoz sostuvo que no se cuenta con un presupuesto, lo cual hace de la gestión algo que se va resolviendo sobre la marcha. Señaló que cuando se confeccionó el decreto no se fijó una cantidad específica de dinero, lo cual ha obligado a generar todos los gastos por Obligaciones del Tesoro Provincial, las cuales genera el Estado en una cuenta que tiene un presupuesto y en base a ello se van realizando los pedidos y canalizando los pagos correspondientes.

“Piquetes con intencionalidad política”

Albornoz dijo que se había logrado obtener paz social, sin embargo ante la consulta de las diferentes protestas de los trabajadores por el incumplimiento del Estado en cuanto a sus obligaciones, señaló que ello ocurrió porque es el Estado y no cuenta con un presupuesto determinado. “A medida que se van consiguiendo fondos vamos pagando, pero éstas son medidas que hacen a un sector no a toda la ciudad; porque muchas veces han cortado la ruta nacional Nº 3 con alguna intención política y se mezclaba todo” sostuvo, afirmando que no todos los problemas que tiene Madryn son culpa de Alpesca o del atraso del pago de los subsidios por parte de la provincia.

Contratados

Por otra parte, el titular de la intervención provincial en Alpesca, confirmó el rumor que daba cuenta de que se había contratado personal externo a la empresa para llevar a cabo tareas de mantenimiento, lo cual no habría caído muy bien dentro de los trabajadores. “Hemos contratado electricistas para arreglar equipos, hemos contado con presentaciones ante la Aduana y también contratamos despachantes; se contrató gente que no tiene relación directa con la empresa”, reconoció Albornoz.

Comité unipersonal

Si bien en sus comienzos el Comité de Intervención estaba conformado por Valentín Laborda, Santiago Novoa y Albornoz, los dos primeros dejaron su puesto al verse involucrados en la causa que investiga una supuesta administración fraudulenta de los bienes de la empresa, los cuales sufrieron daños cuantiosos en el marco del temporal que azotó la ciudad del golfo, donde los barcos de Alpesca se llevaron la peor parte por no contar con las medidas de seguridad necesaria a pesar que desde los sindicatos se había realizado la advertencia pertinente la semana previa al acontecimiento.
“A veces se complica en lo laboral porque los dos eran licenciados en economía y contaban con un conocimiento acabado en cuestiones administrativas, y en mi caso me lleva a tener que recurrir a algunas personas del Estado, pero sin responsabilidad de formar parte del Comité”, explicó.

Funcionarios imputados

Por otra parte, el funcionario afirmó que su abogado, Fabián Gabalachis, se está encargando de la defensa en la causa en la que se le imputa una presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los bienes de la empresa Alpesca. Cabe recordar que la acusación fiscal imputa a los integrantes del Comité de Administración, Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda.
Los fiscales entienden que hubo una “administración fraudulenta” ya que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que se desató el 7 de abril y que provocó que los buques se soltaran del muelle y, produjeran daños estructurales, quedando luego varados en la playa. La jueza Marcela Pérez Bogado fue recusada, no obstante el expediente sigue su trámite.