La dimensión de la crisis que desató la desaparición de 43 estudiantes, hace dos meses, se agudizó con el hallazgo de diez nuevas fosas por parte de organizaciones civiles que investigan los territorios en paralelo a la búsqueda de las fuerzas federales, en busca de víctimas del crimen organizado.
La búsqueda está patrocinada por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), quienes precisaron que en siete de las tumbas encontradas había restos óseos y en las restantes ropa con sangre impregnada.
Los participantes en la acción –organizada a petición de familiares de víctimas de la delincuencia organizada que habrían sido desaparecidos y/o asesinados en años recientes– informaron que las 10 presuntas fosas, las cuales quedaron bajo resguardo de elementos de la Gendarmería Nacional.
Acompañados por representantes de la asociación civil Ciencia Forense Ciudadana, los padres de «los otros desaparecidos», como se les conoce, acudieron en caravana de 15 vehículos y más de 50 personas a Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, donde fueron hallados 28 cadáveres tras la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado.
Esos primeros restos no pertenecen a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, según los exámenes practicados tanto por forenses de la fiscalía general mexicana como del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza peritajes a pedido de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, aseguró que en casi dos años de búsquedas esa organización civil encontró en las zonas de Ayutla a Iguala los cuerpos de 500 personas ya identificadas, quienes fueron víctimas de la delincuencia organizada. En conferencia de prensa, reveló que “desgraciadamente a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se ha descubierto toda esta situación de violencia”, que abarca la Costa Chica, Zona Centro e Iguala.