El juicio por el homicidio de Esteban Pazos continuará en la mañana de hoy con una inspección ocular y los alegatos. Este miércoles se realizó la segunda jornada del juicio y finalizaron las testimoniales.
La defensa desistió de los dos testigos y solamente declaró Néstor Basso, investigador del área de genética del Centro Nacional Patagónico, en relación a las pericias de ADN efectuadas en la causa judicial. Además, se reprodujeron audios de audiencias anteriores y, finalmente, se incorporó toda la prueba documental que consta en el legajo.
El asesinato ocurrió la tarde del 26 de octubre de 2013 en el Barrio San Miguel, cuando Pazos fue fatalmente apuñalado por Oscar Maricoy. La víctima acompañaba a la ex mujer del acusado. Según la denuncia, Maricoy empezó a increparlos y los agredió con un arma blanca, recibiendo Pazos una certera puñalada entre la clavícula y el cuello que le causó la muerte.
El juicio continuará mañana jueves, cuando desde las 9 se realice la inspección ocular en el Barrio San Miguel. Los jueces Marcelo Orlando, Gustavo Castro y Marcela Pérez Bogado, fiscales y el defensor recorrerán el lugar donde ocurrió el homicidio. Seguidamente, la jornada proseguirá en Tribunales donde comenzarán sus alegatos.

Homicidio vs legítima defensa

El abogado Abdon Manyauik no niega que Maricoy haya sido el autor de la puñalada, pero afirma que fue en “legítima defensa”. Según su versión, la ex mujer de Maricoy y Pazos fueron a golpearle la puerta del domicilio, y fue allí donde Pazos intentó agredir a su patrocinado con un arma blanca. Maricoy logró quitarle el cuchillo y lo apuñaló en la clavícula.
El fiscal Daniel Báez junto al funcionario Alex Williams, en cambio, sostienen que se trató de un homicidio y que fue Maricoy quien comenzó la discusión y, con su cuchillo, efectuó la puñalada mortal. Pazos no estaba armado, sostienen desde la fiscalía.
Maricoy se encuentra detenido en prisión preventiva en la Alcaidía de Trelew. En caso de ser encontrado culpable por “homicidio” deberá cumplir una pena de entre 8 y 25 años de prisión, según lo establece el artículo 79 del Código Penal. En cambio, la “legítima defensa”, contemplada en el artículo 34 inciso 6, exime de pena al que actúe en defensa propia.