Hace una semana condenaron a perpetua a diecinueve ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención «La Cacha», de La Plata. Entre los sentenciados a cadena perpetua, además del más ´famoso´ Miguel Etchecolatz imputado por el secuestro de la hija de Carlotto, figuran los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e Isaac Crespín Miranda, y los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico, precisamente y durante años avenido a ´vecino ilustre´ de Puerto Madryn.
La noticia no es nueva pero es buena para reflexionar sobre esto del ´ser´ o ´parecer´ a cualquier costo. Sobre todo si consideramos que Garachico fue el influyente gerente del Casino Punto y Banca durante casi veinte años en Madryn. Un tipo con quien muchos hicieron negocios, compartieron escenario, asados, fiestas y legitimaron más de un vínculo, sabiendo algo o ignorando un poco el frondoso pasado del ex bonaerense, que a días de desaparecido Julio López terminó huyendo, para resultar años después apresado y finalmente condenado a cadena perpetua. Cuando El Diario anticipó algo sobre su anterior rol policial (Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-74510-2006-10-15.html) el ´vecino´ se fugó del Golfo Nuevo, y no fueron pocos los que lo lamentaron y hasta cuestionaron nuestro trabajo, sobre todo aquellos que hacían negocios presentes, sin importar la naturaleza del dinero, ni el pasado macabro del ´exitoso´. A ocho años y días, su condena fue finalmente fue un alivio para familiares y amigos y un réquiem para las víctimas, además de una confirmación que no todo vale y que nuestra investigación fue más que útil.

Dinero sucio

Los entendidos consideran que gran parte de la estructura que camufló en la vida civil a Garachico, como a otros tantos represores está intacta. Al igual que los grupos económicos cómplices con aquel sistema de aniquilamiento. Tal vez por eso, en línea con este mismo concepto, ahora Cristina Kirchner impulsa una bicameral para exponer públicamente a las empresas que hayan tenido “complicidades económicas” con la última dictadura militar. El proyecto fue presentado anteayer por el diputado Héctor Recalde y ya tuvo dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
La UCR firmó en disidencia pero Fabián Rogel, miembro de la comisión, presentará un proyecto que proponga ampliar la investigación a las estafas económicas durante el comienzo de la democracia.
“No vamos a rechazar algo así, pero queremos saber también todo sobre los delitos económicos que siguieron en los 90”, dijo Rogel.
El texto de Recalde obtuvo dictamen ayer con la visita de Horacio Verbitsky, el titular del Cels.
También asistieron ex trabajadores de Acindar y Ford, que serán las dos primeras investigadas tras el informe que la bicameral de 4 legisladores por Cámara emitirá 180 días después de su creación.
«Aún esperamos que se realice el juicio oral contra el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla», dijo el abogado Tomás Ojea Quintana, representante de los sindicalistas de Ford secuestrados en la dictadura.
El dirigente Víctor Paulon, en tanto, dijo que la «complicidad de Acindar fue tan contundente que hasta su entonces presidente José Martínez de Hoz fue en la dictadura su ministro de Economía y su reemplazante fue el militar Alcides López Aufranc, un general retirado y uno de los primeros argentinos adiestrados en la escuela francesa contra la insurgencia».
La UCR invitó al abogado Alejandro Olmos, quien planteó que «no solo se debe investigar las complicidades de grupos económicos con la dictadura» sino lo «sucedido en la década del 90 donde se hacían contratos, cuyos dictámenes se elaboraban en Estados Unidos».
El rol de las empresas en la dictadura ya formó parte de algunas causas judiciales tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. La más conocida es la que investiga “la noche del apagón de Ledesma” como se conoce el secuestro a 29 personas que afirman haber sido empleados del ingenio Ledesma, por el que están procesados su dueño Carlos Blaquier y el gerente administrativo, Alberto Lemos.
No está nada mal que se continúe sabiendo quien es quien, y que cosas precedieron a algunos ´exitosos´.