Los ‘no convencionales’ y el offshore son los dos grandes temas que comienzan a definirse hoy en el Congreso de la Nación. En un contexto en el que se han hecho comunes las importaciones de gas y crece en forma sostenida la compra externa de petróleo para elaborar combustibles, la nueva ley de Hidrocarburos –acordada por la OFEPHI y el gobierno nacional y que será debatida desde hoy- se propone generar bases para atraer nuevas inversiones en todos los yacimientos del país.
Algunos indicadores de la economía nacional reflejan con claridad las consecuencias de no contar con abastecimiento energético. Las importaciones de este insumo superan los 12.000 millones de dólares anuales, mientras que los subsidios asignados por el Estado nacional para sostener ese desbalance superaron largamente los 80.000 millones de pesos. A su vez, la compra de energía es uno de los factores que explica el tope al dólar oficial, lo que a su vez incide negativamente en otros sectores de la economía, que son los que venden su producción al mundo, tales como las economías regionales vinculadas al campo. En ese marco, la nueva ley es presentada como un elemento indispensable para atraer las inversiones necesarias, particularmente para explotar recursos No Convencionales y aquellos volúmenes de petróleo y gas que pueden encontrarse en el mar.

Incentivos y precios

Uno de los principales aspectos de la nueva norma busca incentivar la inversión a través de un mayor precio a una parte de la producción. En el caso de los recursos No Convencionales, la libre disponibilidad regirá hasta un tope de 20%. Es decir, 2 de cada 10 barriles extraídos podrán liquidarse a precio internacional, sin tomar en cuenta los topes que rigen para el mercado interno. Ese beneficio se hace más amplio para proyectos offshore, es decir para sacar petróleo o gas en el mar. En ese marco, la libre disponibilidad (es decir el precio internacional y la posibilidad de liquidar divisas en el país de origen de las operadoras) se amplía al 60%. En Comodoro Rivadavia, uno de los proyectos que tendría impacto inmediato es el que impulsa YPF en Restinga Alí, con el que se prepara para avanzar en una nueva fase exploratoria que, de aportar los resultados esperados, significará un fuerte impulso a la extracción de hidrocarburos en la zona costera, pudiéndose enmarcar en el beneficio arriba descripto: 6 de cada 10 barriles podrían comercializarse a precios internacionales (en la actualidad el barril de crudo supera los 91 dólares, frente a los 77 dólares que rigen para el crudo Escalante. Y en el caso del gas, la brecha es mayor, ya que la banda de usuarios residenciales tiene un precio del orden de los 2 dólares por unidad –Millón de BTU-, la industria paga 5 y los proyectos que generan nuevos volúmenes pueden alcanzar los 8 dólares, pero a Bolivia se le paga 11 dólares por unidad y cuando el gas llega licuado, el costo llega hasta los 18 dólares por MBTU). “Por nuestra mirada hacia el mar hemos viabilizado y puesto un atractivo muy importante en el offshore, lo que nos permitiría solicitar inversiones de gran escala”, planteó recientemente Ezequiel Cufré, en tanto éste fue uno de los temas especialmente impulsados por la provincia de Chubut, teniendo en cuenta la amplia línea costera y los indicios de que en el mar pueda haber nuevos desarrollos.

¿Y el costo ambiental?

Precisamente uno de los temas que va abriendo las aguas en el Congreso es el impacto que podrían ocasionar estas dos nuevas posibilidades productivas de hidrocarburos. De hecho, en el proyecto de referencia hay una condición que no se cumple, pero que podría ser objeto de modificación durante el tratamiento legislativo. En efecto, la condición para acceder al beneficio es que los pozos se realicen en un área con pelo de agua (distancia entre la superficie y el suelo marítimo) superior a los 90 metros, algo que en este caso no se daría, ya que incluso los pozos serán perforados desde la costa y dirigidos hacia el área marítima cercana. Igualmente, para calificar los proyectos deben superar los 250 millones de dólares. Otro caso de aplicación del nuevo marco legal podría darse si avanza la explotación de No Convencionales en El Trébol. Todavía en etapa de estudio de resultados con el primer pozo exploratorio, de confirmarse los indicadores positivos la operadora podría solicitar una concesión adicional para un eventual plan de desarrollo.

Primeros ruidos

Esta semana la vecinal de Caleta Córdova, Chubut, pidió reuniones informativas. La presidenta de la vecinal, Betania Viegas, detalló que la intención es que los vecinos puedan informarse y obtener respuestas a sus inquietudes sobre los trabajos de la petrolera YPF entre Puntas Piedras y Punta Novales para identificar reservas de hidrocarburos en el subsuelo.
El año pasado la compañía YPF anunció la reactivación de proyectos para implementar el método de offshore cercano para identificar las reservas de hidrocarburos en el subsuelo, desde Punta Piedras (límite con Rada Tilly) hasta Punta Novales (a dos kilómetros de Caleta Córdova).
Los vecinos están inquietos por los anuncios de la exploración sísmica 3 D, que según informó la compañía “no es la que hizo años atrás Pan American Energy y que generó impacto”, dijo Viegas

La experiencia de Santa Cruz

Y si Chubut espera embobada el arranque del offshore mientras se resiste a la minería, la vecina provincia de Santa Cruz que aceptó y está acostumbrada a la minería, paradójicamente se resiste de plano -y por algo- al offshore.
Hace casi un año y a raíz de los fuertes reclamos del sector pesquero, la Legislatura santacruceña aprobó en forma unánime la prohibición total para llevar a cabo operaciones sísmicas off shore en el Golfo San Jorge. Fue cuando un millar de marineros se movilizaron hasta Río Gallegos afirmando que las prospecciones sísmicas de hacía unos cuatro años, fueron las que provocaron el cambio de comportamiento de varias especies, principalmente, las itinerantes como la merluza hubbsi y el langostino.
Desde aquel momento a la actualidad, en aguas que forman parte de la jurisdicción santacruceña se observó una abrupta caída en la abundancia de varias especies.
Con ese antecedente pesquero de 2009, la crónica legislativa del 2011 recuerda que hubo un extenso debate, y existió un rol protagónico por parte de los marineros provenientes de Caleta Olivia y Puerto Deseado, donde se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley tendiente a prohibir en aguas provinciales la exploración sísmica off shore “cuya intensidad supere los 120 decibeles, que utilicen detonaciones submarinas en las formas 2D y 3D en la Cuenca del Golfo San Jorge”.
Por esta Ley se autorizó “exclusivamente la exploración de hidrocarburos por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina, el lecho marino y las actividades pesqueras”, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, que rige en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, en su artículo tercero, se crea una Junta Técnica para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que se presenten con motivo de la exploración de hidrocarburos en aguas del dominio público provincial. Esta Junta tendrá a su cargo la confección de una Guía de Procedimiento, que establecerá las bases mínimas para evitar el impacto ambiental de la exploración hidrocarburífera sobre la biodiversidad marina, además de “ordenar los estudios que considere necesarios, mediante un dictamen fundado, bajo la responsabilidad de la empresa interesada en la exploración hidrocarburífera”. Habrá que ver entonces como resulta el tratamiento legislativo en Chubut, considerando la administración compartida con Santa Cruz de una zona tan sensible, para la reproducción de especies, como el Golfo San Jorge.

Fuentes: ADN Sur, AF, propias