Luego de que se diera lugar a la reunión de Comisión de Gobierno que aprobó el pedido de juicio político al intendente Ricardo Sastre, y que desde el Partido Justicialista (PJ) pidiesen dictamen legal para el artículo Nº 125 de la Carta Orgánica Municipal, en el cual se determina que el proceso debe estar reglamentado; el presidente del bloque del Partido Acción Chubutense (PACh), Pedro Giménez coincidió con lo expresado por Xenia Gabella al afirmar que se detectaron irregularidades en la aprobación del pedido, el cual él mismo apoyó.
Giménez manifestó que las irregularidades existieron, porque el hecho de convocar una reunión de comisión fuera de los días y horarios habituales necesita de una comunicación fehaciente de dicha convocatoria para cada uno de los concejales que la integran. “No sirve que llamemos por teléfono diciendo ‘vení que vamos a hacer una reunión’ porque pueden desconocer el hecho. La comunicación debe ser puntual, lo cual no ocurrió, y si nos ajustamos a derecho tenemos que decir que como mínimo la reunión fue irregular”. Además dijo que el hecho de la reglamentación del mecanismo de Juicio Político es algo en lo que se trabajó hace unos meses desde el bloque.
Por otra parte, el concejal sostuvo que el proceso no está debidamente reglamentado por lo cual presenta infinidades de contratiempos, pero que ello no ocurre porque nunca se trabajo sobre la reglamentación, sino porque no se quiso tratar en comisión el proyecto presentado por Carla Sánchez Galindo y el mismo Giménez. “Nuestro bloque prestó el día 12 de febrero de éste año un proyecto de ordenanza en el cual como anexo número 1º se encuentra el reglamento del juicio político, sin embargo nunca tuvo tratamiento. Intentamos cumplir con el artículo pero lamentablemente ello no se logró porque no tuvo tratamiento en el Concejo Deliberante” señaló.
En cuanto a las complicaciones que la falta de reglamentación presenta para el debido proceso, el edil del PACh sostuvo que más que convertir al mecanismo en irregular, hace que se cuestione cada uno de los pasos que deben seguirse, ya que al no estar reglamentado cada concejal es libre de dar su propia interpretación de cómo debe desarrollarse el mecanismo, lo cual produce discusiones y desacuerdos. En tal sentido, dijo que lo más sano sería tratar lo más rápidamente posible el reglamento y luego de ello contar con una base sobre la cual manejarse al momento de un proceso.

Plazos

El desconocimiento de quienes fomentan el pedido de juicio hizo que los manifestantes creyeran que se tomaría una decisión de un día para otro, sin embargo los plazos estipulados para la herramienta constitucional son diferentes. En el marco de la Comisión investigadora se planteó la necesidad de avanzar en primer lugar en la reglamentación del mecanismo, ya que en caso de no hacerlo la incertidumbre continuará y no habrá claridad en el procedimiento.
“Debemos tener en claro que según lo establece la carta Orgánica, esta comisión investigadora, que se encontraba formada desde la primera sesión ordinaria del año, cuenta con 40 días para desarrollar la investigación. El dictamen que se desprenda de allí debe ser elevado a la sala de acusar, quien lo analizará y decide si hay motivos para acusar a un funcionario o no” sostuvo Pedro Giménez, quien agregó que en caso de que se acuse, la sala de juzgar tiene que abrir un procedimiento de prueba y de defensa. Una vez cumplido dichos plazos la Sala tiene un plazo de 30 días para emitir un dictamen final; por lo que se trata de un procedimiento no menor a los 3 meses de duración.

Presionados

En las últimas semanas los empleados que se manifiestan en el marco de un reclamo salarial, han copado el Concejo Deliberante y se mantienen dentro cada vez que se realiza una reunión de comisión, lo que algunos concejales techan como una forma de presionar para que se decida lo que ellos quieren y no lo que los ediles creen correcto. Además, hay quienes sostienen que al momento de expresar una opinión que no es igual a la de los manifestantes las agresiones no tardan en llegar. “Hay presión y es evidente. No puede volverse a repetir un episodio como el sufrido por Ariel Sudán, porque no puede ser que uno no tenga la posibilidad de opinar en una comisión por estar amenazado porque si no opinas lo que ellos quieren te van a golpear. Eso está fuera de toda lógica” expresó.
Por otro lado afirmó que para que las situaciones violentas no se repitan y que tanto los ediles como los trabajadores puedan trabajar con libertad, las reuniones de comisión deben desarrollarse a puertas cerradas solamente con la presencia de los concejales que integran la comisión que tenga lugar en el momento. “Si no ajustamos esos detalles, después de la presión de un lado vamos a tener la presión del otro sector que se va a acercar para que votemos lo contrario; y en ese sentido no se puede sesionar bajo esas circunstancias. El concejal tienen que tener la libertad de opinar lo que cree más allá que uno esté o no de acuerdo” sentenció.