El abogado comodorense Eduardo Conde, compañero de formula del precandidato Carlos Lorenzo a la Gobernación por UNEN, se presentó el pasado viernes en el fuero federal a efectos de promover lo que se conoce como “acción incidental” en el expediente por el que la Provincia del Chubut demandó a la empresa Anteras Naviera SA, como responsable de un grave derrame de petróleo en Caleta Córdova en diciembre del 2007.
Conde solicitó anular la sentencia de homologación del acuerdo que llevara adelante la Fiscalía de Estado de Chubut, en virtud de que, a su entender, era de esperar un fallo condenatorio en favor del Estado del Chubut de mas de 50 millones de dólares, mientras se arribó a un acuerdo de partes que consideró a todas luces perjudicial a los intereses del Gobierno ya que se hizo por solo un 10% del monto señalado.
El abogado se presentó por derecho propio en esa causa del Juzgado Federal de Comororo Rivadavia promoviendo la acción de nulidad de revisión de cosa juzgada.
Al reseñar los hechos que motivan la presentación, Conde alude a la reciente difusión pública de un acuerdo transaccional entre la demandante, Provincia del Chubut y la empresa co-demandada Antares Naviera S.A., propietaria del buque “Arturo Illia” y enumera diferentes acciones y manifestaciones gubernamentales a partir del derrame ocurrido el 26 de diciembre de 2007.
Al respecto cita al actual gobernador de la provincia Martín Buzzi, por entonces intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quien manifestó entonces en medios periodísticos, “la voluntad inclaudicable” del gobierno municipal, de llevar adelante las acciones judiciales vinculadas al suceso, tanto en el fuero penal como en el ámbito civil.
Menciona también expresiones similares y con las mismas expectativas de reclamo del ex gobernador Mario Das Neves durante su fallida campaña presidencial.

Interrogantes

Según Conde, el tema se reactualiza el pasado 20 de junio, cuando el gobernador Buzzi manifiesta a los medios que había dado “acabado cumplimiento” al compromiso asumido con los vecinos de Caleta Córdova, en ocasión del derrame, oportunidad en que les manifestara que llevaría el caso judicial hasta las últimas consecuencias, de forma de asegurar un resultado plenamente satisfactorio para el interés de la gente afectada.
Aquellas mismas expresiones aludieron al proceso judicial, señalando que el tribunal interviniente había fallado a favor de la Provincia por un monto reparatorio de 5.000.000 de dólares.
Conde expone la extrañeza provocada por estas informaciones, por conocerse únicamente hasta ese momento que el reclamo ascendía a la suma de 50.000.000 de dólares e ignorarse la existencia de un fallo condenatorio con ese monto de sólo el 10 % de lo anunciado.
La presentación menciona sobre el particular que, finalmente, el Fiscal de Estado de la Provincia, Doctor Miguel Montoya, apareció en los medios, señalando la existencia de un acuerdo de partes, por el monto de cinco millones de dólares.

“Cayeron en saco roto”

Conde expresa que de tal forma “la transacción lejos estuvo de la debida ponderación de los daños ambientales, y por lo tanto, las afirmaciones del gobernador, de que seguiría la causa hasta las últimas consecuencias, cayeron en saco roto”, siendo inentendible la reducción apuntada.
“En definitiva, el monto que integra la transacción no es el que se anunciara, ni tampoco se llevaron a cabo en este proceso actuaciones probatorias que estimaran el daño real de la fauna, la flora y el medio ambiente contaminado en los cuatro kilómetros de costa afectados”.
“Es evidente que la Provincia del Chubut no ha obrado en el caso, con arreglo a la envergadura del asunto, y respecto a la normativa que le sirve de marco, ello en el plano legal y constitucional”, añade la presentación.
La presentación desarrolla la legitimación procesal, enumera las normas violadas por el acuerdo celebrado y repasa hechos sobresalientes en torno al daño ambiental, ocasionado por los derrames de petróleo, y la envergadura de los montos establecidos en carácter de indemnización.

Remediación

“No puede seriamente arribarse al acuerdo celebrado, cuando por una parte, no se destina el dinero a la remediación del medio ambiente, y por la otra el monto del arreglo apenas alcanza el diez por ciento de la suma inicialmente enunciada por el Estado a través de sus autoridades políticas, y asimismo reclamada en el juicio, al tiempo de requerir la cautelar de embargo preventivo”, afirma el escrito elevado por Conde en uno de sus párrafos.
“No veo viable en estos tiempos y en ningún sitio de la geografía terrestre, que se arribe a un acuerdo de este tenor, frente a un hecho de contaminación ambiental, que además, conforme los términos de acuerdo, exime de responsabilidad al autor del suceso, y lo libera de la causa criminal, contraviniendo el régimen legal y constitucional vigentes.