La reunión fue muy productiva, estuvo a la altura de nuestras expectativas y, de acuerdo con lo que conversamos, estamos en condiciones de decir que en los próximos días el Gobierno Nacional presentará a las provincias productoras de hidrocarburos un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos modificado con respecto al que venía circulando”, anticipó ayer el gobernador Martín Buzzi luego de reunirse en Buenos Aires con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
“Con el ministro De Vido tuvimos un intercambio muy positivo y creemos que vamos por el buen camino, un camino de consenso, de diálogo, del que, como venimos diciendo, salen los mejores acuerdos y consensos”, añadió Buzzi en su rol, además, de presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
El mandatario provincial señaló que “los términos de la nueva ley están bastante encaminados y confiamos en que en los próximos días oficialmente podamos conocer los contenidos de esta iniciativa modificada en relación con la que conocimos originalmente hace algo más de cuatro meses”.
De esta manera, Buzzi comenzó ayer en Buenos Aires la ronda de reuniones previstas relacionadas con el proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el Gobierno Nacional, y con el objetivo de garantizar lo establecido en la Ley Corta vigente. Mañana sería recibido por la presidenta Cristina Fernández junto a otros gobernadores de provincias petroleras.

Seguiría el “carry”

El consenso consistiría en permitir que las empresas provinciales de energía sigan con el sistema de carry (acarreo), con el que generan ingresos extra, y a cambio imponer en todo el país un techo del 12 por ciento para las regalías y del 3 por ciento para los ingresos brutos.
La presidenta Cristina Kirchner intentará mañana llegar a un punto de consenso con los gobernadores de las provincias petroleras para cerrar un proyecto común de nueva Ley de Hidrocarburos, enviarlo al Congreso y que se apruebe antes de fin de año, por lo que cederá a cambios en el anteproyecto inicial.

Sin rozar la Ley Corta

No obstante, la discusión será extensa y áspera debido a que, según dijo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, de los 40 artículos que contiene el proyecto de ley, 20 no merecen observaciones, diez tienen algunas menores y diez hay que discutirlos para no rozar la Ley Corta, sancionada en 2006. Esa Ley Corta transfirió a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito, y es ese logro el que no quieren perder los jefes provinciales.
La jefa de Estado será clara: el país necesita dólares y una de las formas más concretas y rápidas para conseguirlos es la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación petrolera, en Vaca Muerta o en cualquier otro rincón, con un marco jurídico claro y equivalente en todo el país.

Prórroga por 10 años

Sobre las prórrogas petroleras de las concesiones, el proyecto oficial deja entrever que las empresas que hayan cumplido con las inversiones comprometidas en los campos hidrocarburíferos “podrán solicitar” una extensión por 10 años de esos activos. Se crea así una especie de derecho a favor de las operadoras privadas. Los gobernadores quieren cambiar la redacción del artículo de manera tal que sean las provincias las que “puedan otorgar” una prórroga. El poder de decisión pasaría, así, a favor de los estados provinciales.

¿Quién licita?

Las provincias apuntan a participar de la conformación del pliego-modelo que se utilizará en las próximas licitaciones petroleras. El documento oficial propone la homologación de un pliego único entre las 10 provincias de la Ofephi, cuya redacción estará a cargo de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas. Los gobernadores se oponen. Quieren que aunque exista un pliego modelo, éste deba ser ratificado por las legislaturas provinciales. En los hechos, a lo que aspiran es a que la redacción del pliego se concrete por consenso y no por decisión unilateral de Nación. Es un punto central.
Las provincias petroleras quieren asegurarse que el proyecto de ley dejé bien en claro que las modificaciones del marco impositivo regirán ‘para adelante’ y no afectarán el cuadro tributario para las concesiones vigentes. En la práctica, apuntan defender los ingresos extras –en forma de canon adicional y por renta extraordinaria- logrados en las renegociaciones de las áreas que vencían en 2016.

Impuestos provinciales

El artículo 13 del borrador inicial prevé que la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos no podrá superar el 3% y a su vez, prohíbe a las provincias gravar con el impuesto a los Sellos los contratos petroleros. Los gobernadores petroleros alegan que eso es inconstitucional. “Cualquier juez provincial fallaría en contra de ese artículo”, explicó un funcionario patagónico. Por eso, en lugar de incluir el tema directamente en el proyecto de ley, proponen firmar un pacto fiscal con Nación. Les da mayor autonomía para negociar beneficios para las provincias.
El artículo 21 del texto oficial contempla el pago a cargo de las petroleras de un 0,5% de la inversión inicial para proyectos de RSE. Y del 1% para obras de infraestructura. De nuevo, el Gobierno apunta a que los proyectos sean aprobados por la Comisión que dirige Kicillof para evitar decisiones discrecionales de los gobernadores. Pero desde el seno de la Ofephi se oponen. Quieren participar de la elección de los proyectos que se financien que esos fondos.