La presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Silvia Alonso, confirmó ayer que «el pleno por unanimidad decidió la apertura de la vía sumarial» para el defensor público Sergio Rey en el marco de la denuncia presentada por el comisario Miguel Gómez, quien lo acusó de querer cobrarle una coima para desestimar una causa en la que estaba imputado. Dijo que ya «se sorteó el consejero instructor del sumario, designación que recayó en el consejero Martín Iturburu Moneff, de Esquel, representante del estamento de los abogados». Comentó que «el plazo para hacer el sumario es «de 90 días a partir del momento en que se entrega» el mismo.
Alonso repasó que «la denuncia fue presenta el 6 de junio, tratada inmediatamente en la primera reunión con posterioridad, que se realizó los días 30 y 31 de julio».

Admisibilidad

«Allí cumplimos con el trámite reglamentario que es el sorteo de una comisión de admisibilidad para que estudie los antecedentes y eleve informe al pleno. La comisión de admisibilidad está integrada por cinco consejeros, uno de cada estamento, más la presidencia y debe resolver si es admisible la denuncia», confirmó Alonso.
Indicó que en este caso»no había que pedir ningún expediente porque se basaba en la videograbación efectuada por el comisario Gómez de entrevistas que tuvo con el defensor Sergio Rey y el abogado adjunto D `Antonio, también de la Defensa Pública de Trelew, y un fiscal que era el doctor (Fabián) Moyano».

Video clave

La titular del Consejo manifestó que «la comisión de admisibilidad analizó esta grabación y concluyó que había mérito suficiente para abrir la etapa sumarial y esa opinión fue puesta a consideración del pleno. Todos los consejeros contaban con el texto de la denuncia y habían podido ver el video que acompañaba a la misma», aseguró la magistrada.
Anunció que «como conclusión, el pleno por unanimidad decidió la apertura de la vía sumarial y se sorteó el consejero instructor del sumario, designación que recayó en el consejero Martín Iturburu Moneff, de Esquel, representante del estamento de los abogados», especificó.

Derecho a defensa

Alonso comentó que el plazo para hacer el sumario es «de 90 días a partir del momento en que se entrega» el mismo. Previamente «corresponde la ratificación de la denuncia y la notificación al sumariado de la persona sobre la que recayó la calidad de instructor».
También afirmó que» tiene un plazo para recursarlo y si no ejerce esa facultad estaría en condiciones Presidencia de entregar las actuaciones al instructor sumarial. Una vez que se entregan el sumariado ejercerá su derecho a defensa».
Consultada sobre si hay posibilidades de que los plazos se aceleren para ver si es necesario avanzar penalmente, explicó que «los magistrados estamos sometidos a cuatro órdenes de responsabilidad: la administrativa disciplinaria, que en este caso sería de la Defensa Pública, la responsabilidad política, que es la que analiza el Consejo de la Magistratura y si considera que hay falta eleva al tribunal de enjuiciamiento, y la responsabilidad penal y civil. Nosotros podemos avanzar sobre aspectos inherentes a la responsabilidad política y es lo que vamos a analizar. SI en el trámite del sumario hubiera requisitoria fiscal entonces corresponde la elevación al tribunal de enjuiciamiento», indicó.

Enjuiciamiento

La presidente del Consejo de la Magistratura aclaró que «el proceso nuestro y el penal corren por carriles diferentes. Es evaluación propia del Ministerio de la Defensa Publica si avanzará o no en una falta administrativa. Puede haber falta administrativa y no haber responsabilidad penal -comparó Alonso-. De acuerdo a la entidad de la falta que nosotros valoremos en su oportunidad, en el caso de que la hubiere, tenemos la facultad de valorarla y conforme a su brevedad enviarla al tribunal de enjuiciamiento o a la esfera administrativa, si es un juez al tribunal, si es un defensor a la Defensoría Pública y si es un fiscal al Procurador Fiscal», enumeró.

“Rey solicitaba dinero”

Luego de que el defensor general alterno, Alfredo Pérez Galimberti, manifestara que del video presentado como prueba por Gómez no surgen elementos para corroborar el cohecho, precisó: «yo tengo el texto de la denuncia y hemos visto el video. De ello surge que en todo momento el defensor Rey solicitaba dinero para una determinada familia pero no corresponde al Consejo calificar si es cohecho o no», aclaró y añadió: «nosotros debemos calificar si hay mal desempeño y ésas son las causales que vemos».
Precisó que «la existencia del hecho, su participación y la calificación legal es lo que en el marco del sumario se intentará dilucidar».
Añadió que «también tenemos conocimiento de que (el procurador general, Jorge) Miquelarena ha hecho una denuncia ante la Fiscalía de Puerto Madryn». «Estamos recién en el trámite de ratificación de la denuncia», precisó Alonso.