El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, salió a defenderse tras la denuncia que le hizo la AFIP por una cuenta secreta que tendría en las Bahamas y dijo que la maniobra es parte de la embestida de la Casa Rosada por su oposición a la nueva Ley de Hidrocarburos que impulsa Cristina Kirchner.
«Sin ninguna duda, todas estas denuncias tienen que ver con la postura que asumí a partir del intento que tuvieron de avanzar contra la Ley Corta. Esta posición, que cuenta con el acompañamiento de todo el arco político de la provincia, no es ni más ni menos que la de defender el interés de los chubutenses», expresó Buzzi en un comunicado.
Según Buzzi, no tiene «nada que ocultar», «por eso me presente y autodenuncié ante la Justicia para que se me investigue y salga a la luz que las imputaciones son falsas”, añadió.
«No hay nada así como ‘cuentas escondidas’ y mucho menos operaciones con paraísos fiscales», se defendió, insistiendo en contar «con la tranquilidad de saber que las denuncias son falsas y la convicción de estar actuando en beneficio y con el apoyo de toda una provincia, no voy a moverme ni un centímetro de esta posición», agregó.
El sitio LPO había especulado la semana pasada con supuestas voces del entorno más cercano de Buzzi –versiones nunca desmentidas- que creían que detrás de la filtración de la información sobre la cuenta en el paraíso fiscal estaba Carlos Zannini, uno de los ideólogos de la nueva Ley de Hidrocarburos. El ministro coordinador de Gabinete, Juan Garitano, fue más allá y le apuntó directo a la Presidenta. «Echegaray denunció a Buzzi por orden de Cristina», señaló en declaraciones radiales.

Dudas

La AFIP formalizó ayer ante el Juzgado Federal de Rawson una denuncia penal contra el gobernador Buzzi por «presunto ocultamiento de bienes y evasión impositiva». La presentación por la supuesta violación a la Ley Penal Tributaria se encuentra bajo la órbita del juez Hugo Sastre.
En esa línea, el secretario penal del Juzgado Federal, Mariano Miquelarena, dispuso una serie de medidas que incluía un allanamiento en el domicilio legal de la empresa Patagonia Gifts, propiedad del gobernador y su esposa.
Al respecto, el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñan, desmintió que la Justicia haya allanado la casa del gobernador y la de su cuñado en Comodoro Rivadavia como circuló en principio, al tiempo que criticó el procedimiento del organismo que conduce Echegaray: «Es un procedimiento que no es ordinario porque en realidad ellos (AFIP) han respondido al requerimiento del fiscal federal y después han ampliado la denuncia sin siquiera notificar al gobernador de qué estaban haciendo esto. Es un procedimiento que no es el habitual, pero el gobernador no tiene inconveniente en seguir explicándolo».
Al parecer la venta en el exterior de artesanías patagónicas que le habrían reportado las ganancias que declara Buzzi y la valuación de bienes en el exterior que figura en su propia declaración jurada, estarían siendo ahora cotejadas con otros datos como por ejemplo las mercaderías exportadas, los despachos de aduana y lo declarado ante el fisco.

La hora de Sapag

Quienes abonan la teoría de una escalada política detrás de la investigación sobre los negocios de Buzzi que saltaron al escándalo a través de una nota de Clarín, también alertaron sobre una investigación en marcha sobre los presuntos manejos cuestionables de Sapag, otro gobernador díscolo. Al parecer el Gobierno tendría información para denunciar presuntos negocios oscuros entre el ministro de Energía neuquino Guillermo Coco y el empresario petrolero Miguel Schvartzbaum.
Coco es el ideólogo del sistema de acarreo (carry) que Nación quiere eliminar y a través del cual la empresa provincial GyP se hizo de millonarios ingresos sin invertir un peso.
La punta de lanza del ataque contra Sapag y Coco sería un escándalo derivado de los problemas económicos de las refinerías de Schvartzbaum, y en el que también quedaría salpicado otro enemigo del Gobierno: el senador y dirigente petrolero Guillermo Pereyra.
Más allá del reciente conflicto por la amenaza de Schvartzbaum de cerrar la refinería Renesa, en el Gobierno apuntarían a la licitación del área Amarga Chica. En junio de 2010, Sapag le entregó en concesión esa área a una UTE integrada por GyP (entonces presidida por Coco), YPF (controlada por Repsol) y Petrolera Argentina (de Schvartzbaum), pese a que esta no tenía ningún antecedente en la exploración de crudo.
La firma tenía un 44 por ciento de esa UTE (contra 36% de YPF y 10% de GyP), pero dos meses después de la adjudicación vendió un 24% de su participación a Repsol. Al poco tiempo, se anunció el descubrimiento de shale oil en esa área.
Petrolera Argentina vendió el año pasado a YPF la participación que le quedaba. La empresa lo hizo urgida por las deudas con entes provinciales y municipales, pero nunca pagó. De hecho, Schvartzbaum no terminó de pagarle a Pereyra un préstamo de 20 millones de pesos que le hizo a través del gremio petrolero. El empresario le ofreció un avión a cambio de los 6 millones que le debe.
Lo curioso es que Schvartzbaum haya recibido tan generosos préstamos con los oscuros antecedentes que tiene. Según reveló el diario Río Negro el mes pasado, fondos nacionales, provinciales, municipales y del sindicato aportaron entre 130 y 180 millones de dólares a Petrolera Argentina. El gobierno provincial lo sigue financiando a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) t del Ente Autárquico Municipal (ENIM), a los que les debe 55 millones de pesos.
Schvartzbaum es dueño del grupo Más Energía S.A que controla las firmas Petrolera Argentina, Renesa, Maikop (dedicada al biodiesel), Umber (transporte de combustibles) y Neuform (sustancias químicas), y además tiene una red de estaciones de servicio.
Este último rubro le trajo problemas a Schvartzbaum. A principios del año 2000, un empresario de Villa Mercedes (San Luis) lo denunció por haberle comprado una estación de servicio con cheques robados a un estudio jurídico de la ciudad de Buenos Aires. En ese caso quedó implicado un funcionario nacional que tenía domicilio en el mismo lugar que varias de las empresas que tenía Schvartzbaum en ese momento. La causa terminó prescribiendo.

En la mira

El vínculo con Schvartzbaum por el que señalan a Coco es el de la licitación de Amarga Chica. El portal Diariamente Neuquén reveló meses atrás que esa operación se “contempló como contrapartida una compensación monetaria que nunca fue dada a conocer” y sembró sospechas en torno al conocimiento que había sobre las reservas no convencionales. En fin, los embates de Nación es probable que apunten a disciplinar a las provincias que no quieren perder el manejo del negocio sobre sus recursos petroleros, pero también muestra con poco esfuerzo los múltiples frentes poco claros que se tejen en los afianzados caudillismos provinciales. Para pensar…

Fuente: Lapoliticaonline, AF, propias.