Alpesca continúa siendo una inagotable fuente informativa por los reiterados y sistemáticos escándalos en que se ha visto involucrada, tanto desde la esfera privada, como ahora que está bajo las riendas del estado chubutense. El 6 de enero de este año, la pesquera emblema de la industria fue vendida por Héctor Omar Segundo a un comprador que no podía pagar el alquiler de su departamento en Playa Unión y que ni siquiera tenía tarjetas de crédito.
El 24 de febrero y con mil familias en la calle sin trabajo ni sustento para llevar a sus casas, el gobierno provincial dicto un decreto de ocupación temporal de la pesquera, mientras elaboraba un proyecto de ley para su expropiación.
A tal efecto puso al frente de Alpesca a un comité interventor compuesto por tres funcionarios: Héctor Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa. En los meses posteriores no se hizo nada desde el punto de vista operativo sobre los bienes que el Estado había tomado en custodia, y una madrugada de abril se desató un temporal en Puerto Madryn, con fuertes vientos del sur, que terminó cortando los cabos de los barcos amarrados en el muelle Storni, los que finalmente quedaron varados en la playa.

A cinco meses del temporal

En pocos días se cumplirán cinco meses del temporal. Los buques de Alpesca afectados siguen en la misma situación. Literalmente, abandonados en la costa, escorados y merced al flujo de las mareas.
Después de aquel episodio, el diputado Jerónimo Juan Jesús García, interpuso una denuncia en los Tribunales de Madryn a fin que se determinará la cadena de responsabilidades por lo acontecido, ya que los bienes de la empresa privada estaban en custodia del “triunvirato” estatal designado por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios en cuestión, además de la ministro Gabriela Dufour, fueron citados en dos oportunidades por la Justicia Penal de Madryn, pero no concurrieron a ninguna de las audiencias sobre se les iba a notificar sobre el inicio formal de una investigación por la presunta comisión del delito de ‘administración fraudulenta’.
Con todo, y a raiz de esos faltazos, la jueza Marcela Pérez Bogado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y declaró la rebeldía de los funcionarios provinciales, al tiempo que libró las capturas de Albornoz, Novoa y Laborda.

Dolo o negligencia

Sobre el filo de la madrugada del miércoles, los interventores finalmente comparecieron por la fuerza pública frente a la justicia de Puerto Madryn, y por la tarde, se realizó una audiencia donde la defensa de los funcionarios solicitó rever el tipo penal que se les achaca por el varamiento de los buques. El doctor Fabián Gabalachis sostiene que no se trata de una cuestión dolosa, es decir, que los funcionarios no hicieron actos dolosos para que esos episodios ocurrieran, sino que sostiene los alcanzaría una figura de “negligencia”, esto significa que se trató de un descuido u omisión.

Administración fraudulenta

La acusación fiscal imputa a funcionarios provinciales Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda por la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” en relación a la preservación de los bienes de la pesquera Alpesca.
Los fiscales entienden que hubo una “administración fraudulenta” ya que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal. Hay que recordar que el pasado 7 de abril se desató un temporal que provocó que los buques se soltaran del muelle y, además de producir daños en el muelle, quedaron varados en la playa.
“No podían prever para que no haya temporal, pero si pretendemos investigar que teniendo los medios para evitar un perjuicio, no lo hicieron”, indicó el fiscal Daniel Báez durante la audiencia efectuada en los Tribunales.

No declararon

En la audiencia de esta semana, luego que fueran detenidos y liberados, los imputados decidieron no declarar y su abogado particular, Fabián Gabalachis, se opuso a la calificación legal esgrimida por los fiscales. “Lo que ha ocurrido conforme el relato es un hecho de características negligentes, no doloso”, afirmó el patrocinante.
Gabalachis es además el abogado defensor de Omar “Cura” Segundo, expresidente de Alpesca, en la causa por narcotráfico por el ‘fortuito’ hallazgo de 115 kilos de cocaína en la expesquera Poseidón.
Volviendo a lo que fue la audiencia de ayer, los fiscales replicaron que no se discute la prueba en esta instancia procesal. “Podríamos traer los testimonios, las pruebas, los emails, pero no es esta la instancia procesal”, replicó el funcionario Alex Williams.
La jueza Pérez Bogado resolverá en el término legal de tres días hábiles, es decir, el próximo lunes.

Caución juratoria

Vale recordar que el día martes, la jueza Pérez Bogado había declarado la rebeldía y ordenó la detención de los funcionarios. Laborda fue detenido en Trelew y Novoa se presentó en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn, mientras que Albornoz viajó desde Comodoro Rivadavia para presentarse, en los Tribunales. En ese momento, la defensa pública solicitó su libertad bajo caución juratoria con la promesa de presentarse a la audiencia efectuada el mediodía del miércoles. Por su parte, la ministro Gabriela Dufour continúa bajo “rebeldía” dispuesta por la jueza Pérez Bogado.
Según expresó el defensor, la ausencia de sus patrocinados a las dos audiencias anteriores “fue promovida en el entendimiento de que faltaba resolver una cuestión que es de la faz técnica”. “Interpreto que se encontraban inmersos en un error”, afirmó el abogado. Los imputados también desistieron de los planteos de recusación a la jueza. “No ven afectada la parcialidad de la misma”, indicó Gabalachis.

Investigarán a Eliceche

El martes pasado, el gobierno recibió dos resoluciones judiciales que afectan de manera directa a sus funcionarios. Por la mañana, y tal como estaba previsto, se resolvieron los planteos de la defensa de siete funcionarios, entre ellos, Carlos Tomas Eliceche, en relación a la causa que investiga una presunta “administración fraudulenta” en el otorgamiento de un préstamo de 10 millones al empresario Omar “Cura” Segundo cuando este era presidente de Alpesca.
El juez Fabio Monti rechazó de plano la solicitud hecha por los defensores Jorge Benesperi y Fabián Gabalachis quienes pedían que se suspenda la audiencia de apertura de investigación a siete funcionarios hasta que el Superior Tribunal de Justicia resuelva sobre el planteo de fueros interpuesto por el gobernador Martín Buzzi y la ministro Gabriela Dufour, también imputados en la causa judicial. “La impugnación extraordinaria deducida no abarca la situación procesal de los funcionarios no aforados” argumentó el juez Monti al no hacer lugar al planteo.
Asimismo, rechazó “la excepción de falta de jurisdicción y competencia” planteada por la defensa, quienes indicaban que los jueces penales de Trelew no tenían competencia ni jurisdicción hasta que la impugnación sea tratada por la Sala Penal del Superior Tribunal.