EL JUEZ MONTI DEBE RESOLVER SOBRE EL CRÉDITO POR 10 MILLONES Y PEREZ BOGADO SOBRE LA PRESERVACIÓN DE BIENES

Alpesca: El martes definen proceso en causas por “administración fraudulenta”

Tras conocerse la resolución del Superior Tribunal de Justicia que rechaza el planteo de fueros de la ministro Gabriela Dufour y del titular del Comité de Administración de Alpesca, Omar Albornoz; la próxima semana se procedería a la apertura de investigación en la causa que los tiene como imputados por presunta “administración fraudulenta”, en la preservación de los bienes de la empresa.
La Fiscalía investiga si existió una “administración fraudulenta” por parte lo los integrantes del Comité de Administración, luego que se vararan buques de Alpesca sobre los cuales los funcionarios debían garantizar la debida preservación.
En el pedido de apertura de investigación, los fiscales informaron que en el mes de marzo el Comité de Administración fue notificado que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento, carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, en fecha 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de la empresa Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.
En este contexto, la próxima semana la jueza Marcela Pérez Bogado deberá definir la convocatoria a las partes para proceder en torno a la apertura de investigación, audiencia que fue suspendida tras la negativa de los imputados de asistir a Tribunales.
Los imputados en la causa son la ministro de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, Héctor Omar Albornoz, titular del Comité de Administración de Alepsca, y dos funcionarios designados, Santiago Novoa y Valentín Laborda.

Salven los millones

El martes próximo, el juez Fabio Monti resolverá sobre la causa que investiga el otorgamiento de 10 millones al empresario Omar «Cura» Segundo cuando este era presidente de la empresa Alpesca. La cuestión en debate es si procede o no la apertura de investigación, dado que la Defensa de los imputados había planteado que se suspenda la apertura hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolviera sobre los fueros. Si bien la resolución del STJ existente refiere a la presentación formalizada por otra causa, todo indica que los funcionarios públicos que están imputados en la causa deberán asistir a una nueva audiencia en la que se espera inicie formalmente el proceso.
El hecho que se investiga se sustenta en una denuncia relacionada al préstamo por una suma de 10 millones de pesos a la pesquera Alpesca, porque la asistencia crediticia “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de CORFO, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”, según la solicitud de apertura de investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía solicita la realización de la audiencia de apertura de investigación para el ex ministro Coordinador y actual integrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de Corfo; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin. Tras el fallo del STJ, también sería citada la ministro Gabriela Dufour.

Improductiva

Desde diciembre pasado la empresa Alpesca es improductiva, los trabajadores perciben subsidios para sostener a sus familias, y hay tres causas penales en proceso. Dos de las causas llevarán al banquillo a funcionarios públicos por mal desempeño y presunta administración fraudulenta y la tercera es la causa que investiga una presunta estafa en la venta de la pesquera donde se encuentran imputados Omar “Cura” Segundo y el hijo de este, Federico Otero y su madre.
Tras ocho meses y con una expropiación en proceso, los trabajadores que fueron censados para integrarse a la futura empresa que se constituya en la planta de procesamiento, siguen esperando respuestas.

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