En 2012 familiares de los 14 mineros que murieron en Río Turbio, denunciaron a la jueza Cecilia Álvarez, subrogante en la causa que se investiga en la Justicia Federal, asegurando que la jueza les aconsejó renunciar a la acción civil, argumentando que “si no lo hacían, la causa penal se iba a demorar 8 años más”.
El abogado de los familiares, Carlos Muriete, afirmó en declaraciones a la prensa santacruceña, que “lo que hizo la jueza es ilegal, por lo tanto yo le pedí a los familiares que represento, que eso mismo que me decían que la jueza les había dicho, lo dejaran constatado en una escritura ante Escribano público”, y tras esa acción se procedería a solicitar el juicio político.
Muriete sostiene que hay responsabilidad absoluta de la jueza Álvarez, porque los familiares fueron convencidos de algo que, la magistrada sabía de antemano, los iba perjudicar enormemente en el resto del proceso.
Ahora todo indica que estaría el proceso del juicio político, estaría en marcha y si bien la jueza ocupa otro cargo en la Justicia Federal en la actualidad, la acción que se propugna podría costarle su carrera profesional.