El procurador general, Jorge Miquelarena, se pronunció sobre los cuestionamientos hechos por el gobernador Martín Buzzi en relación a causas que involucran a funcionarios de su Gobierno, criticando la presunta imparcialidad de los fiscales que acelerarían causas donde están involucrados miembros del Ejecutivo.
Miquelarena dijo que las apreciaciones del mandatario no mellará la tarea de los fiscales y le recomendó que no es el Ministerio Público quien condena, sino que son los jueces.
Buzzi había apuntado claramente, aunque sin nombrarlo, al Procurador Miquelarena señalando que “hay actores políticos vestidos de fiscales o procuradores”, y la respuesta del jefe de los fiscales no se hizo esperar. “Me parecen absoluta y totalmente infundadas, no me llama demasiado la atención porque no conozco ningún funcionario público, actual, pasado o futuro que no intente cualquier defensa de persecución política cada vez que el Ministerio Público Fiscal investiga alguna causa o algún hecho relacionado con la administración pública; ésta es nuestra misión, ésta es nuestra tarea que nos ha encomendado el legislador y el constituyente de modo que mal haríamos si no la cumplimos”, enfatizó el Procurador.
Miquelarena también respondió: “respecto de que siempre son los mismos fiscales y algunas otras cosas que he escuchado que se dicen por ahí, no hace falta otra cosa que mirar las estadísticas del MPF respecto al modo en que están distribuidas las causas contra la administración pública, y se verá que en toda la provincia se llevan causas contra la administración pública”, desmintiendo que haya concentración de causas en el MPF de Rawson.
A su vez, el Procurador aclaró que “está la garantía del juez natural, el juez es el que tiene competencia territorial, el fiscal puede actuar en cualquier lugar. Así que deben quedarse tranquilas las personas que están sometidas a proceso, por que el fiscal no condena a nadie, nosotros lo que hacemos es investigar”.
Consultado sobre si se busca de esta manera condicionar la acción de los fiscales, dijo que “si ésa es la intención va a caer en saco roto, del mismo modo en que nunca pensé que se me intentara condicionar al enviarnos a cuentagotas las partidas presupuestarias o los gastos de funcionamiento. Quiero creer que se trata de una situación económico financiera no favorable de la provincia, porque sino a mal puerto iríamos”.
La presentación que formalizó el vicegobernador Gustavo Mac Karthy por el pago de comisiones sería uno de los factores que motivó la acusación del Gobernador, y Miquelarena entendió que “puede ser que sí”, aunque “tampoco tengo demasiadas precisiones respecto a qué caso o a qué legajo se refiere o a que causa se refiere, parecería ser que sí, que molestó un poco esta investigación preliminar, que de eso se trata, no hay ni siquiera una apertura de investigación, para eso está la investigación preliminar, una vez que se tengan las evidencias que indiquen un camino o el otro, la están llevando desde la ciudad de Esquel, el doctor Zacchino y tiene que ver en parte con la presentación que hizo el vicegobernador de la provincia”.
Miquelarena se preguntó entonces “¿qué se supone que tiene que hacer el Procurador ante una presentación del vicegobernador o cualquier persona que va y presenta una denuncia al Ministerio Público Fiscal? Dársela a algún fiscal para que actúe y que investigue”, respondió.
Se refirió puntualmente a una de las causas que involucra a funcionarios del Gobierno y al propio gobernador. “El tema Alpesca, como todo el mundo sabe, está a la espera de una decisión del Superior Tribunal de Justicia referida a este tema de los fueros”, mencionó en relación al planteo que han realizado el gobernador Buzzi y la ministra Gabriela Dufour en torno al crédito exprés de diez millones de pesos que se otorgó por Corfo al empresario Omar “Cura” Segundo.
Al respecto dijo que “lo que se nos impide es hacer la apertura de investigación, lo que se nos impide es que un juez nos dé plazo de seis meses necesarios para concluir una investigación, lo que estamos pidiendo es la audiencia preliminar, que es lo que nos impiden, que nosotros creemos que no tiene nada que ver con inmunidad de proceso, tiene que ver con la inmunidad de arresto o medidas de coerción que en ningún momento pidió el MPF”.