Se desarrolló este lunes en sede del Ministerio Público Fiscal un encuentro de capacitación sobre la puesta en práctica del Protocolo de Violencia Familiar, dirigido a miembros de la Comisaría de la Mujer, con la participación de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y la fiscal a cargo de la investigación de dicha problemática, Mónica García. El evento fue organizado por la Procuración General Adjunta y expuso sobre la temática la fiscal jefe de Sarmiento, Andrea Vázquez.
El procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández, sostuvo que esta nueva organización está basada en la necesidad de dar respuesta a los casos de violencia familiar que han registrado un notable incremento en los últimos tiempos. Con la implementación del Protocolo de Violencia familiar se apunta a poner en práctica una nueva forma de trabajo, con una denuncia estandarizada que recaba datos que resultan esenciales en este tipo de investigación, obviando los superfluos. Al mismo tiempo permite organizar información para su posterior procesamiento, sistematización y registro estadístico, que luego permitirán realizar análisis y extraer conclusiones sobre la problemática.

Herramientas

El Protocolo prevé un test reglado con el objeto de medir el riesgo al que está expuesta la víctima. El propósito de los elementos: denuncia y test, es proporcionar al fiscal, en el momento inicial de la investigación, datos concretos y sustentados para evaluar la necesidad de peticionar medidas de protección a las víctimas. Cabe mencionar que se entiende por violencia “toda conducta por acción u omisión tipificada en el Código Penal, que afecte la dignidad, la integridad física o libertad de las personas”. El funcionario que recepciona la denuncia constituye el primer “tamiz” que los casos que lleguen al fueron penal, desagregando aquellos de competencia del Juzgado de Familia. Una vez recepcionada la denuncia penal no se puede archivar el caso por el solo “desistimiento” de la víctima, ya que se debe comprobar que el mismo es por libre voluntad y no por la situación de vulnerabilidad a la que está expuesta.
Finalmente el Protocolo propone una serie de medidas de investigación que resultan insoslayables en esta temática de violencia. Dichas medidas están dirigidas a lograr una investigación eficaz dentro de un plazo breve, para dar una respuesta satisfactoria a la persona damnificada.