El senador y presidente de la UCR chubutense, Mario Cimadevilla y el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Roberto Risso, hicieron el lunes en la fiscalía de Rawson dos presentaciones vinculadas a la causa por los presuntos sobornos en la renegociación del yacimiento de Cerro Dragón firmada en 2007 entre la petrolera PAE y el gobierno provincial.
En una de las presentaciones acercadas a la fiscal Silvia Pereira, los denunciantes agregaron documental y solicitaron medidas de prueba en la causa 9005/14, pidiendo a la fiscal que requiera el informe de reservas presentado previamente al tratamiento de la prórroga de la concesión de Cerro Dragón en 2007, obrante en la Legislatura del Chubut, “a fin de poder someterlo a las pericias técnicas correspondientes”.

Reservas de Cerro Dragón

Señalan que el 21 de abril pasado, autoridades de la Universidad de Cuyo respondieron a una solicitud de los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Laura Montero respecto a la documentación obrante sobre certificación de reservas de Cerro Dragón en 2007, que sirvió para sustentar la renegociación del contrato de explotación.
“En la respuesta surge claramente discrepancias entre lo presentado en las actuaciones y lo que la universidad dice haber elaborado”, dice la presentación, y sostiene que allí se expresa que la casa de estudios mendocina “realizó una sola certificación a PAE el 31 de diciembre de 2005 y que la Secretaría de Energía de la Nación establece que las certificaciones deben realizarse anualmente”. En ese sentido, agregan que “la certificación de 2006, si la hubo, no fue realizada por la Universidad de Cuyo”.
Se preguntan los dirigentes radicales “cómo es posible que el Decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Manfredi firme planillas que certificarían reservas hasta el fin de la vida útil de los yacimientos, más allá de la necesidad que éstas sean cuantificadas anualmente”.
Además la respuesta de la casa de estudios “expresa que los informes son firmados en la totalidad de sus hojas por el decano, el coordinador del equipo de reservas y los cuatro profesionales que realizaron el trabajo y en la copia surge que la totalidad de las hojas no se encuentran firmadas y las que tienen firma no tienen sellos aclaratorios”.
Para los dos legisladores de la UCR, “es claro que existen elementos más que suficientes que permiten sostener que lo agregado al expediente provincial y obrante en copia en la Legislatura fue editado o adulterado a partir de lo supuestamente obtenido por PAE de aquella universidad”.

300 millones para coimas

En la otra presentación realizada por Cimadevilla y Risso en la misma causa, proponen a Pereira “la realización de medidas de prueba para comprobar la materialidad del hecho denunciado -es decir el presunto pago de coimas-, y determinar la identidad de sus autores y partícipes”.
Como primer punto, aluden que el 2 de abril pasado, el señor Hernán Arbizu, en su momento representante para América Latina del JP Morgan, manifestó en una entrevista en Radio del Mar que tenía conocimiento directo que Carlos Bulgheroni, CEO de Pan American “pagó 300 millones de dólares de coimas” por la concesión por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón. Por ello adjuntaron la copia publicada por el diario El Patagónico y piden a la fiscal que solicite a la radio el audio original.
En segundo lugar, también solicitan que se pida a Radio América el audio del informe de los periodistas Jorge Chamorro y Néstor Espósito quienes abordaron la cuestión del mencionado Arbizu. Y tercero, piden que se cite a prestar declaración testimonial a Hernán Arbizu, y a los señores Luke Palacio y Álvaro Martínez Font, quienes fueron mencionados como encargados de entrevistarse en Londres con el señor Bulgheroni y gestionar el trasiego del dinero por este confiado a la oficina del JP Morgan.
Como cuarto punto, se mencionan declaraciones de Mario Das Neves a Infobae, quien atribuye la investigación de la SEC de los Estados Unidos sobre la denuncia del pago de sobornos que efectuó BP como “una cuestión entre privados”, lo que “implica que conoce los detalles de la presentación”, por lo que solicitan que se lo cite a prestar declaración testimonial.

Exhorto a Estados Unidos

En quinto lugar, se menciona la solicitada publicada por PAE en diversos medios el día 3 de abril pasado, en la que reconoce que en junio de 2010 la SEC inició un trámite y PAE fue notificada en diciembre de ese año, colaborando ampliamente con la documentación requerida sin tener conocimientos de más pedidos hace un año y que no se han formulado cargos. Por ello se pide a la fiscalía que “pida a la empresa aquellos requerimientos, así como las respuestas y antecedentes que dice haber presentado”.
Agregan que la afirmación de que PAE no recibió cargo alguno “carece de relevancia ya que la empresa no cotiza en las bolsas de valores de los Estados Unidos y está fuera del alcance de superintendencia y fiscalización de la SEC”.
Finalmente en el sexto punto, Risso y Cimadevilla piden a la fiscalía que “se requiera a la SEC a través de un exhorto por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, la remisión de todas las actuaciones vinculadas a la investigación abierta en relación a la denuncia efectuada por BP por pago de sobornos por la prórroga de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón en abril de 2007”.