Integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut no cesan en su reclamo por la equiparación salarial, que después de dos años de infructuosas negociaciones ha quedado sujeto a una promesa incumplida y cientos de ejecuciones en proceso que impactarán en las cuentas del Gobierno.
La decisión de la última Asamblea de la Asociación fue suspender el diálogo hasta que el Gobierno “demuestre que tiene voluntad de pago”. Así lo expresó el titular de la institución, el doctor Omar López, al tiempo que agregó que resulta “preocupante” que hayan transcurrido dos años desde que se celebró el acuerdo entre el Gobierno y la Asociación y aún no se haya logrado el pago de lo comprometido.
“Es un convenio firmado por un gobernador hace más de dos años y que no cumplieron aún voluntariamente, esto es gravísimo no sólo por el hecho de no ser respetuoso de las deudas que uno se obliga pagar, si no que es muy grave desde el punto de vista institucional, porque es uno de los poderes del Estado el que no cumple con lo firmado”, aseveró López.
La situación ha derivado en que los Magistrados y Funcionarios decidieran proseguir con la ejecución del Convenio que algunos Magistrados ya han cobrado tras la ejecución de 2013. De hecho fue tras la ejecución de finales del año anterior cuando desde el Ejecutivo Provincial manifestaban que no correspondía el pago a los Funcionarios, sino solo a Magistrados, cuestión que se encuentra en análisis de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Lo cierto es que en Enero de 2014, según se desprende de las declaraciones del doctor López, quienes representaban al Gobierno en la mesa de negociación, “reconocieron que debían pagarle a los Funcionarios”, pero aún así eso nunca sucedió.

El que espera…

Después de infructuosas negociaciones, Magistrados y Funcionarios han decido suspender la instancia de diálogo hasta tanto haya una señal de voluntad de pago, y esa decisión data de marzo último, con lo cual todo indica que en breve las ejecuciones se harán efectivas e impactarán en las cuentas del Estado, ante el silencio del Ejecutivo respecto del pago de lo adeudado. Ocurre que la situación de los Funcionarios se encuentra aún en instancia de apelación, pero si la Cámara se expide prontamente, la situación no favorecerá en ningún caso al Gobierno.
La última propuesta del Ejecutivo incluía un pago del 24 por ciento en dos cuotas, cuestión que fue rechazada por los integrantes de la Asociación, porque no comparten el criterio de que se calcule respecto de los salarios de 2011 sino de los vigentes a la fecha y de ese modo se haría efectivo el 40 por ciento firmado en el Convenio.
López remarcó que a inicios de este año parecía que se habían encauzado las negociaciones para solucionar el conflicto “que es verdaderamente nuestra intención”, dijo al tiempo que remarcó que luego de una y otra propuesta que no conformaban, finalmente recibieron una fue rechazada prácticamente por unanimidad y fue entonces cuando se decidió seguir las ejecuciones.

Reclamo, propuesta y apelación

En la última propuesta del Gobierno es donde proponen quitar un 50 por ciento a los Funcionarios, y como la situación de estos se encuentra en la Cámara de Apelaciones, todo quedó sujeto a la definición judicial, sin embargo el doctor López advierte que “están claramente respaldados por el convenio firmado oportunamente con el Gobierno y que fue homologado por el Superior, así que estamos esperando que se termine esta situación y que finalmente el Superior reconozca lo que ya venimos cobrando judicialmente”.
En cuanto al impacto económico y financiero que podría tener la ejecución del Convenio en las arcas provinciales, todo indica no será menor, puesto que si bien el Ejecutivo intentó imponer un límite al monto de las ejecuciones, éstas son de carácter individual y por tanto han reclamado la “inconstitucionalidad del límite impuesto”, lo que permite avizorar el consecuente desenlace.
López remarcó que el Convenio estipula el pago de cuatro cuotas, con un incremento del 10% cada seis meses, es decir que “tenían dos años para llevar el incremento a la media patagónica, pero se venció en todos sus plazos en diciembre del 2013 para pagar la última cuota y no pagaron ni la primera voluntariamente”.