Amenaza con un juicio millonario

El Gobierno de Chubut continúa entrampado tras su incursión en la aventura de dudosa juridicidad de tomar el control y custodia de los bienes de una empresa privada como Alpesca a través de un decreto de Martín Buzzi, cuando en febrero pasado, creó un Comité de Administración e irrumpieron en la planta de la pesquera de Puerto Madryn y tomaron la planta procesadora y los barcos de la compañía, argumentado que se salvaguardarían esos bienes mientras avanzaba el trámite legislativo de la expropiación.
Simultáneamente, Buzzi, Dufour y Eliceche, entre otros, terminaron imputados en una causa por presunta administración fraudulenta por darle diez millones de pesos a Omar Segundo, entonces presidente de Alpesca, sin ningún tipo de resguardos para el erario público y con el expreso rechazo de los síndicos de CORFO que otorgó el crédito. En tanto, la administración provincial sería demandada judicialmente, en breve, por una cifra multimillonaria por parte de un cuerpo de abogados que representan a Federico Otero quien sigue sosteniendo es el titular del paquete accionario, y apuntarían concretamente contra ese decreto que autorizó la toma de los bienes. Así lo adelantó el abogado Oscar Romero en declaraciones a una radio de Trelew, después de varias semanas de silencio.

Un directorio medio “trucheli”

Según alertaron esta semana y como para exponer lo depreciada que está la mayor pesquera que alguna vez tuvo la Patagonia, se supo que entre la nueva composición societaria de Alpesca figuraría un empleado público de Rawson y una ex moza de Madryn. El directorio estaría integrado así por María Rosa Chico, la madre de Federico Otero, quien se encuentra prófuga de la Justicia. La otra “directora” sería Nancy Cagnoti, una ex moza del ex parador “Sotavento”, alguna vez de propiedad del ex secretario de Pesca, Hugo Stecconni, y luego presuntamente adquirido por Omar “Cura” Segundo. Dicen que la chica era una vecina de Otero en Playa Unión. En enero le pidió si quería formar parte del directorio de Alpesca, a lo cual la joven aceptó por encontrarse desempleada. “No tengo conocimientos de la pesca pero puedo aprender”, dicen que le dijo la joven, antes de firmar “un libro rojo de la empresa” y perder de vista desde fines de enero al buen vecino Otero. Finalmente el otro “director” sería Rodolfo Gutiérrez, un empleado público de Rawson que tiene una amistad desde hace 10 años con Otero. “En enero me comentó que se iba a hacer cargo de la empresa y quería que trabajara en tareas administrativas. Me hizo conocer la planta y me explicó que iba a trabajar en Recursos Humanos, como nexo entre él y los gerentes”. El hombre reconoció que después de firmar un acta para integrar el directorio de la empresa, no tuvo más contacto con Otero desde marzo. En fin…

Rojas hace agua

“La Provincia no posee título alguno que le permita celebrar un contrato de locación de las cuotas de Alpesca”, explicó el subsecretario de Pesca de la Provincia, Héctor Rojas, en referencia a declaraciones de Norberto Yauhar, luego que desde el gobierno le ordenaran salir al cruce del ex ministro nacional.
Rojas dijo una verdad de Perogrullo: “la Provincia no es la dueña de Alpesca”, razón por la cual interpretó “no puede alquilar las cuotas individuales transferibles de captura” de la pesquera que tiene su planta en Madryn. Aunque tal afirmación se contradice con otras medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial, como fue adquirirle un seguro del broker que administra el estado chubutense, y por otro lado, ese comité de administración negocia la venta de la mercadería que se encuentra en las cámaras de la pesquera, tal como lo indicaron esta semana, y allí radican las acciones que no se condicen con la coherencia que pregona el titular de la cartera pesquera.
“La Provincia no es dueña de Alpesca ni tampoco tiene el usufructo de los bienes de la empresa, por lo tanto no puede extraerle a esos bienes ningún tipo de fruto civil, mucho menos quedarse con el ‘producido’ y, por supuesto, de ninguna manera consumirlos”, sostuvo Rojas, aunque va precisamente a contrapelo de las gestiones que lleva a cabo ese comité que creó el propio Ejecutivo para controlar los bienes de la empresa privada.

El langostino no se mancha

La Comisión de Seguimiento del Langostino analizará alternativas que se propusieron en el Consejo Federal Pesquero respecto a los plazos para la elaboración de los informes técnicos del INIDEP, que recomiendan o desaconsejan la realización de las prospecciones con la flota comercial. Chubut pidió que el instituto de investigación tenga, cada año, para el 31 de enero un estudio sobre el estado biológico del Pleoticus muelleri, en el ámbito de su jurisdicción del Golfo San Jorge, y sobre dicho trabajo se resuelva la conveniencia o no de llevar a cabo una maniobra prospectiva.
De este modo y con el planteo del representante de Chubut, Juan Carlos Bouzas, la provincia intenta zanjar la controversia que cada año se presenta con la apertura del golfo, la cual siempre está sospechada de presuntos desembolsos de dinero por los favores de permitir discrecionalmente la nómina de barcos que entran en la prospección. Versiones dichas en privado y negadas en público, señalan que los favores se pagan a razón de 30 mil de los verdes por cada barco autorizado.
Además, Chubut recibió una fuerte advertencia de las autoridades nacionales por haber habilitado la pesca a pesar de los negativos informes del INIDEP, y con este planteo realizado ahora se trataría de evitar futuras sanaciones, pero fue la presión de la nación y las otras provincias la que empujaron al gobierno provincial a replantear la administración del caladero.