En tiempos donde la inflación sea cual sea afecta el deprimido bolsillo de los laburantes de manera evidente, que hay una crisis de servicios esenciales o por lo menos disfunciones que complican la cotidianeidad de muchos, que se abre un debate difícil de resolver entre la necesidad de las cooperativas de generar un fondo para equilibrar las cajas y a la vez de los socios de evitar mayor impacto en sus bolsillos, y de una serie de temas que hacen a proteger el poder adquisitivo de la gente, hay sin embargo un vacío de medidas al respecto.

“Perón hizo de la Secretaría de Trabajo la plataforma para crear un movimiento formidable. Sesenta años después, ¿nadie aprovechará la defensa de los consumidores?”, se pregunta el columnista Silvio Robles desde LPO

En cualquier charla de café, en la mesa familiar, o en las redes sociales, tarde o temprano aparecerá una queja catártica respecto del estado y calidad de atención de los servicios públicos y privados en la Argentina.

Ejemplo de ello son empresas de telefonía celular con sofisticados procesos de venta, pero laberínticos al momento de dar de baja un servicio o resolver una queja. En esta columna no se pueden obviar los reclamos por abusos en las liquidaciones de tarjetas de créditos, ni en la prestación de los servicios de medicina prepaga y la tv por cable. La lista se multiplica.

Recientemente Sandra González, titular de Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) insistía en la necesidad de movilización del usuario ante abusos. «Hay que denunciarlas (a las empresas) ante la autoridad de aplicación que corresponde, gobierno de la ciudad, defensa del consumidor, organismos no gubernamentales, cartas a las compañías indicándoles cuál es el reclamo, detalle del llamado, etc».

Además de recordar que tras la modificación de 2008 a la Ley de Defensa del Consumidor (ley 26.361) «los servicios pueden ser dados de baja de la misma manera que se contrató», con lo cual no es necesario hacer mayores trámites que un llamado telefónico si la empresa permite el alta del servicio a través de ese medio, también debe permitir interrumpirlo. Esto en alusión a la resistencia de muchas empresas de reconocer el derecho del usuario de prescindir del servicio, o respetar los reclamos.

Estos hechos, que pueden ser abordados desde distintos ángulos, tienen uno que merece destacarse: Lo más notable no es su existencia sino la escasa o nula relevancia que ha tenido para los actores de la política.

Solo en contadas ocasiones, funcionarios se mostraron activos en las áreas de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como en algunas experiencias subnacionales, y rápidamente ganaron espacio o potenciaron sus figuras con gran visibilidad.

Hace setenta años atrás, un joven coronel percibió que algo había cambiado en la sociedad argentina y que las estructuras políticas no parecían darse por aludidas. Perón no inventó las leyes sociales, los derechos laborales, ni los sindicatos, ni mucho menos a la clase trabajadora industrial argentina.

Perón interpretó los cambios que se habían gestado en la década anterior y entendió que ese fenómeno no sólo había llegado para quedarse sino que, además, él podría ser el gestor y líder de una nueva organización política y social de ese cambio, y darle otra fisonomía.

Así, desde una estructura burocrática pequeña (e inocua), como lo era la Secretaría de Trabajo y Previsión, construyó un proceso político que generó la fuerza política y social más importante de la Argentina contemporánea.

La comparación seguramente sonará algo exagerada, pero a diario hay miles de personas que se resignan a ser estafadas o servidas deficientemente sin más respaldo que el de un puñado de ONG´s, que – además – también tienen intereses que no solo se focalizan en la defensa del consumidor.

En paralelo, una pequeña área de la administración pública nacional se auto-relega por la carencia de decisiones políticas que le otorguen trascendencia.

Es cierto que la dinámica de los ciclos económicos, de la globalización y de la irrupción de nuevas categorías de bienes jurídicos susceptibles de tutela, generaron desde los 70’, una nueva ola de legislación. Se enfatizó la tutela del ambiente, del consumo, del acceso a la justicia y de la diversidad social. Quizás sean la protección del medio ambiente y del derecho al consumo los campos que han generado un afán tuitivo del legislador, en parangón a la empresa y a los trabajadores, durante el siglo XX.

Sin embargo, la defensa del consumidor sigue pendiente y está hoy en condiciones de ser emprendida, desde la política, como una nueva oportunidad de gestión.

Fuente: LPO