La Cámara Federal de Casación Penal anuló dos absoluciones y dejó firmes las penas de prisión perpetua impuestas en 2012 a los acusados en el juicio oral por la Masacre de Trelew, el fusilamiento del 22 de agosto de 1972 que causó la muerte a 16 prisioneros políticos.
El máximo tribunal penal del país revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento respecto del ex jefe de la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, Rubén Paccagnini y el ex juez militar Jorge Bautista. El pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pacagnini y Bautista corresponderá al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que los juzgó y eximió de culpa en octubre de 2012, aunque con una nueva composición.
Por unanimidad, Casación calificó los crímenes como «delitos de lesa humanidad», y confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas en ese mismo juicio oral y público a los represores Luis Sosa, Emilio Del Real, ambos oficiales de la Armada, y Carlos Marandino, suboficial, al rechazar recursos de queja de sus defensas.
En el caso de Paccagnini, los camaristas ordenaron además que se le prohíba salir del país, ya que podría ser condenado a una pena alta porque fue juzgado como responsable de la masacre. Los camaristas de la sala III, Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, encomendaron además a los fiscales del caso solicitar de inmediato las detenciones que consideren pertinentes sobre quienes hasta ahora permanecen en libertad.

El juicio

Tras conocerse el fallo, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, quien llevó adelante la investigación a juicio, sostuvo “mi primera impresión es que nuestro recurso de casación tuvo su efecto», valorando el pronunciamiento del Tribunal.
A su turno, el abogado Eduardo Hualpa, quien representa a familiares querellantes, advirtió que, «al confirmar las condenas y anular las absoluciones, se está avalando el núcleo de la investigación y las conclusiones que sacamos en el juicio» realizado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Hualpa remarcó que «el fallo es un gran paso hacia la justicia por la Masacre de Trelew. Su clara definición sobre el carácter sistemático de la persecución de la penúltima dictadura no deja dudas para el juicio y para la historia».
Más adelante Hualpa indicó «Nos queda trabajo pendiente, como es juzgar a los que el Tribunal de Comodoro había absuelto, extraditar a (el represor Roberto) Bravo», prófugo en Estados Unidos, y también «lograr la cárcel común para los condenados». «Pero sin dudas (el fallo de la Casación) es un reconocimiento a la lucha de los familiares y todo el pueblo argentino que, a treinta años de democracia, rechaza estas atrocidades del pasado sobre la base de la memoria y la justicia», concluyó Hualpa.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló dos absoluciones y dejó firmes las penas de prisión perpetua impuestas en 2012 a los acusados en el juicio oral por la Masacre de Trelew, el fusilamiento del 22 de agosto de 1972 que causó la muerte a 16 prisioneros políticos.

El fallo

La Masacre de Trelew fue perpetrada en la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando 16 jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sufrieron heridas, en un fusilamiento seguido por disparos de gracia que la dictadura pretendió presentar como un «intento de fuga». La sala III de Casación leyó el fallo en una audiencia convocada en los tribunales federales del barrio de Retiro, que terminó con un cerrado aplauso por parte de familiares de víctimas y querellantes. Paccagnini fue juzgado como coautor responsable y Bautista como encubridor de los crímenes.

Los hechos

El 22 de agosto de 1972, a las 3.30 de la madrugada, fueron asesinados 16 jóvenes integrantes de organizaciones guerrilleras que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar. Murieron fusilados Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarreal de Santucho. Otros tres detenidos, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reneé Haidar sobrevivieron con graves heridas y dieron su testimonio sobre estos crímenes, en el libro «La patria fusilada» de Francisco Urondo.
Los 19 jóvenes integrantes del ERP, de las FAR o de Montoneros, habían escapado de la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson con el objetivo de ir a Chile en avión desde el aeropuerto de Trelew. El grupo no llegó a tiempo y el avión despegó con sólo seis evadidos que alcanzaron a abordarlo: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (PRT-ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Cercados por tropas de la Armada, los otros 19 militantes se rindieron en el antiguo aeropuerto y después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías.
A las 03:30 horas del 22 de agosto, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos sobrevivientes, fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Luego, al terminar los disparos, los siete sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, sin asistencia médica y los tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano. La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.

42 años de lucha

Familiares de las víctimas participaron de la audiencia donde de la Cámara de Casación, entre los presentes se encontraba la Subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut, Silvia Asaro, una activa militante entre los jóvenes comprometidos en los 70´.
Respecto del fallo, Asaro reconoció que resulta necesario que haya Justicia en estas causas para avanzar en la defensa de los Derechos Humanos en todas sus expresiones. “Hay que cerrar esta etapa con Justicia y así podremos avanzar como ciudadanía”, sentenció la funcionaria.
Por otra parte, Asaro remarcó que tanto en el juicio por la Massacre, como el caso de Abel Amaya, se dilucidaron hechos de los que fueron testigo muchos ciudadanos, por ello “hoy debemos seguir adelante para consolidar los derechos humanos, desde todos sus aspectos. La decisión política de investigar los hechos y reconocer que hubo quienes fueron cómplices silenciosos de la dictadura militar, es parte de la tarea que tenemos por delante”.