La Nación escuchó el planteo de la Provincia sobre la posibilidad de encarar con la pesquera Alpesca un proceso similar al que se realizó con el ingenio azucarero “La Esperanza” en Jujuy.
Sin embargo las situaciones son muy disímiles. Tanto en las reuniones mantenidas por el gobernador Martín Buzzi con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, los funcionarios nacionales habrían explicado los pasos que deberá dar la provincia para que Nación pueda acompañar en algún sentido.
En primer término, Chubut deberá presentar por escrito claramente cuál es el armado y la figura que se le pretende dar al salvataje oficial destinado a sostener Alpesca. Sobre todo para no incurrir en la mala experiencia de expropiación en la que se embarcó por ejemplo Santa Cruz con el caso de la empresa “Vieira”, que aún se encuentra inactiva. Y, en ese caso el estado provincial quedó entrampado con la posibilidad que la empresa española le inicie una multimillonaria demanda por resarcimientos y daños.

Mesa de consenso político

La Nación pide resguardos, y para eso Chubut debería disponer administrativamente qué se puede hacer con la pesquera madrynense y presentar un Proyecto de Ley de Expropiación. Este proyecto deberá contar previamente con tratamiento en una mesa política que asegure el consenso político de lo que se va a encarar, previo al tratamiento legislativo.
A partir de allí, una vez aprobado por el legislativo el plan, Chubut debería tener claro quién será el juez interviniente en el proceso. Se debería entre otras cosas tener un claro tratamiento de lo que son activos y pasivos de la empresa, y en ese caso, quien se deberá hacer cargo de los pasivos, para que el Estado no vuelva a enredarse en el conglomerado de deudas que se arrastran. Además debería existir resguardo judicial sobre los bienes.
De hecho en el caso del ingenio La Esperanza existía una quiebra. En este no existe proceso de quiebra y además no se sabe quién es en los hechos el dueño de la empresa.
Inmediatamente debería conformarse un fideicomiso. Todo esto además pondría en juego los permisos de pesca, ya que deben estar a nombre de un administrador. Para el cambio de titular y bajo orden judicial, el proceso de recupero de los permisos es un proceso extremadamente complejo que podría implicar de 2 a 3 años mínimo.

Se termina el “mes de gracia”

La cuenta regresiva de la paz social pactada, inquieta a los trabajadores de Alpesca, porque no observan que se esté avanzando en algún esquema concreto de salvataje de la compañía. A fin de mes se terminan los 30 días acordados para que el gobierno implemente un plan para la reactivación de la pesquera madrynense. Hasta el momento todas las negociaciones con privados, el gobierno los ha mantenido en un estricto hermetismo, y ese “silencio oficial” en un clima de extrema sensibilidad social lo que ha hecho es que se alimenten versiones y crezca el nivel de intranquilidad entre los obreros.
Hasta el momento, el gobierno no ha podido destrabar la cuestión jurídica sobre la titularidad de las acciones de la empresa, por lo tanto, no puede avanzar en planear alquilar barcos, vender otros, o disponer de la planta de procesamiento, ya que se trata de una empresa privada y se rige por la ley de sociedades anónimas. Y, mientras no exista expresa voluntad de quien hoy ejerce la titularidad del paquete accionario, poco alentadoras son las negociaciones con otras empresas privadas para la constitución de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), porque se está frente a un esquema de inseguridad jurídica.

El único beneficiado

Lo cierto es que con esta intervención por parte del Estado para “resolver” la problemática de Alpesca ha hecho que saliera de la escena pública la figura del polémico empresario Omar “Cura” Segundo, a quien hasta el momento nadie le ha hecho un reclamo por la vía judicial, ni siquiera los gremios.
La estrategia de Segundo de cerrar la planta en diciembre pasado y dejar abandonado a los 1.000 trabajadores le sirvió para “despegarse” de lo que pasara a futuro en Alpesca. El gobierno dijo que lo conminaría a que se presente si fuera necesario con la fuerza pública para que asuma sus responsabilidades y obligaciones salariales con sus trabajadores, aunque nada de eso pasó, el ex estibador se limitó a entregar un puñado de fotocopias en la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn, pero después no hubo ninguna otra acción tendiente a que “se haga cargo del muerto”.
Hoy uno de los principales escollos para implementar cualquier esquema de salvataje es que debe determinarse quien es técnicamente, y ante la justicia, el propietario real de Alpesca. Y, poner en marcha un plan que incluya un proceso de expropiación inexorablemente le habilitará derechos de resarcimiento. Con ello, reflotan los interrogantes tales como quién es Federico Otero y de la mano de quién apareció para “poner la cara” y prestar el nombre. Si forma parte de un armado que incluye al propio Omar Segundo, una expropiación no podría representar que a futuro el Estado los deba resarcir económicamente por arrebatarles la empresa.
El tiempo será testigo de las decisiones que se tomen hoy desde el Estado.