La Defensoría General de la Nación se presentará como querellante en una causa sobre la muerte de Cristian Leandro Pereyra, el 22 de diciembre pasado, en la Unidad Penal N°6 de Rawson, debido a un presunto ahorcamiento.
El joven de 25 años falleció tres días después de que funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional constataran que había sido sometido a golpes y malos ratos, y que se le había quitado su medicación psiquiátrica.
Tras la muerte de su hijo, Adriana del Carmen Pereyra solicitó a la Defensoría General de la Nación patrocinio jurídico gratuito para querellar en la causa 7606/2013, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Rawson, y la solicitud fue aceptada «dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia», indicó el organismo judicial en un comunicado.
«Los hechos investigados podrían contemplar conductas pluriofensivas que no sólo han violentado el derecho a la vida de su hijo, sino que también revelan un supuesto de violencia institucional que afecta la administración de justicia en general», señaló la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en la resolución 130/2014 del 11 de febrero pasado, en la que resuelve asumir el rol de querellante.
En esa resolución, la jefa de los defensores oficiales federales afirma que «no podría descartarse la responsabilidad del personal del Servicio Penitenciario Federal, ya sea por comisión u omisión».
Según la Procuraduría de Violencia Institucional, el 18 de diciembre pasado Pereyra fue atacado con la presunta venia de agentes penitenciarios, por varios internos, quienes lo golpearon y le provocaron cortes.
Ante ello, ingresó el personal de requisa quienes, no obstante la situación que estaba padeciendo Pereyra, le propinaron nuevos golpes y utilizaron gas pimienta sobre su rostro.
Como resultado de esta riña, según la procuraduría, fue derivado al Pabellón 13 y ubicado en una celda tipo «buzón» como forma de castigo; y en este ámbito a Pereyra no sólo se lo privó de la atención médica para sus heridas, sino que también dejaron de suministrarle la medicación psiquiátrica que requería.
Ante este cuadro de situación, y como modo de protesta, Pereyra habría provocado un foco ígneo en su celda, logrando la intervención del personal penitenciario, los cuales luego de retirarlo de allí nuevamente lo habrían golpeado y rociado con gas pimienta.
Atento la gravedad de la situación se logró su traslado a la Fiscalía Federal de Rawson en donde prestó declaración testimonial por los hechos sufridos y radicó la correspondiente denuncia.
Además, según la procuraduría, el fiscal federal presentó un hábeas corpus a fin de lograr subsanar el agravamiento de sus condiciones de detención.
En ese sentido, el magistrado interviniente ordenó que se restableciera en un hospital extramuros su estado de salud y la necesidad de proveer la medicación psiquiátrica, pero el Servicio Penitenciario Federal no cumplió con la disposición, señaló la procuraduría.