Se hizo cargo del ‘muerto’

Daño que amenaza, es daño no ocurrido”, decía Gayo, hablando de las previsiones legales, al argumentar cuando se aplica la “cautio damni infecti”, esto es, una garantía por la que se obliga a un feudo a prever resarcir el daño, si éste se produjere. ¿Qué tiene que ver todo este trabalenguas latin con nuestra ajetreada política provincial? Sencillo, guarde usted señor lector en su memoria, la palabra “Cautio”.
Lo dijo ayer el Gobernador, harto de tanta truchada donde se estafó a vecinos de Trelew, y donde varios vivos se llenaron los bolsillos: “Esta estafa nos salió 60 millones de pesos», dijo Martín Buzzi, al ofrecer una solución pública a un conflicto semiprivado (dueño de tierras, gremio, inmobiliaria, etc más IPV), donde están involucrados los más variados y conocidos actores.
“Ahora esperamos que se haga justicia y que los responsables paguen como corresponde”, agregó casi ´incautamente´ en el acto que se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, desde donde el mandatario concretó el acto de apertura de licitaciones para construir 120 nuevas viviendas en diferentes sectores de Trelew para resarcir a la gente estafada.
Resulta que él mismo decidió disponer de dineros públicos -de la Provincia y del Estado Nacional-, para “dar una respuesta habitacional definitiva a aquellas familias estafadas con la operatoria de UPCN” y esto, si no se investiga bien en la justicia y no se trata exhaustivamente, podría recaer luego sobre el propio Ejecutivo.
En un conmovedor discurso Buzzi señaló que “después de un largo recorrido, de muchas lágrimas de quienes se anotaron esperanzadamente allí y de la enorme acción de contención de la gente del IPV, el Estado abrió sus puertas para resolver definitivamente este problema”, dijo en el marco del acto licitatorio que compartió con el ministro coordinador de Gabinete, Miguel Castro; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Ricardo Trovant; y el intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán; entre otros funcionarios y adjudicatarios.
Buzzi indicó que así como el Estado hizo “lo que tenía que hacer, resolviendo los problemas habitacionales de un conjunto importante de familias, consiguiendo la tierra y poniendo el financiamiento, ahora esperamos que la Justicia haga justicia y que los nombres que los embarcaron en esta aventura paguen como corresponde para que esto no suceda nunca más”, invocó Buzzi.
El tema, es que estas 120 viviendas que ahora encara la Provincia para parar el escándalo de estos privados, podrían ser para otras familias que vienen esperando su vivienda. ¿Porqué Buzzi decide derivarlas a solucionar esta estafa?, no cierra demasiado. En todo caso, los mismos estafadores deberían pagar las casas, a menos que alguno de ellos esté dentro del gobierno o tenga la suficiente influencia para lograr esta decisión, claro.

Algo de historia

Los archivos sin embargo marcan que esta solución a los damnificados por la estafa con terrenos y viviendas del gremio Unión Personal Civil de la Nación –UPCN- sede Trelew no fue tan espontánea ni enternecedora de entrada. Hubo no una, sino varias manifestaciones de los estafados en puertas y ventanas de distintos funcionarios públicos, y hasta en el predio donde ya se encuentran construidas las 58 casas que concretó el IPV con el gremio como intermediario y cuyos terrenos se vendieron dos y hasta tres veces, con inmobiliaria famosa, abogados prestigiosos y escribano en el medio.

Saltó de casualidad

Cabe recordar que las denuncias comenzaron a aparecer a mediados del año pasado cuando cinco secretarios del gremio fueron apartados de sus cargos en forma unilateral y sin demasiados argumentos por el entonces secretario General del gremio, Walker Saibene. En ese momento algunos de los secretarios apartados comenzaron a denunciar la venta irregular de tierras para este barrio, lo que puso en alerta también a las familias que compraron esos terrenos.

El gremio en la mira, y el vendedor?

El dato del millón, es que no se sabe si el gobernador Martín Buzzi estará en autos o no (aunque le cabe por supuesto el beneficio del principio de inocencia) que fue precisamente su consejero actual, el multiempresario Jorge Aidar Bestene quien a través de su inmobiliaria “Cautio”, sería el que realizaba la venta original.
Si bien los afectados acusaron en forma directa al secretario General del gremio UPCN, Walker Saibene, quien hoy está suspendido de sus funciones; y al ex secretario de Organización del gremio, Miguel Crossara, a quienes sindican de haber cobrado montos que van desde los 45 mil pesos a los más de 80 mil pesos, ya que aseguraban que habían terrenos más grandes y otros con menos metros cuadrados, otros tantos señalaron que detrás de la operatoria habría otros ´vivillos´ más grandes que no podían desconocer lo que estaba pasando.
Toda esta operatoria que ahora el gobernador reconoce como “una estafa” se concretaba con una inmobiliaria y con la certificación de las firmas por parte de un escribano. En esos boletos de compraventa figura Walker Saibene firmando en nombre de UPCN con un “poder especial”, que no se sabe muy bien tampoco quien se lo otorgó. Pero en cuanto al resto de las partes intervinientes, se supo que la escribanía que avaló las firmas de esos boletos sería la de Juan Daniel Antonio, a donde los compradores llegarían enviados por la inmobiliaria “Cautio” que vendía los terrenos. Para colmo, la venta se producía casi dos años antes que el IPV adjudicara, por lo cual no se sabe en base a qué se establecía el valor de la tierra ni la dimensión de lo vendido a cada cliente.

Peregrinación a “La Meca”

Acerca de la inmobiliaria, varios compradores indicaron en diferentes entrevistas que “se trata de ´Cautio´, la cual está ubicada en Brasil 45, y es propiedad del abogado Jorge Aidar Bestene”, cuyo estudio es más conocido por “La Meca”. Un sitio a donde todo chubutense debe concurrir por lo menos una vez en su vida, dicen los creyentes.
La inmobiliaria en cuestión, que figura en los registros como una “Sociedad Anónima” funcionaría también como una financiera al mismo tiempo, aunque nada se sabe de la vinculación que tenía la misma con UPCN y el dueño original de los terrenos, más allá de la vinculación política y estrecha amistad que los trelewenses exponen que existe entre Aidar Bestene y Walker Saibene, ambos pertenecientes al grupo de empresarios y sindicalistas que acompañaron en su gestión al ex gobernador Mario Das Neves.
“Cautio” fue asumida como empresa propia por el grupo Aidar Bestene-García Moreno según los datos que ellos mismos exhibieron en su sitio web, donde expusieron al menos 18 unidades de negocios en las que declararon en su momento tener participación accionaria como dueños (en 10 de ellas) y como socios (en el resto). Agregaban además que la facturación anual de esos negocios asciende por lo menos a 474 millones de pesos, cifra en la que la mendocina Andes Energía PLC exponía mayor injerencia con una facturación anual que ronda los 427 millones de pesos. Se trata de la empresa en la que el grupo chubutense AB-GM (Aidar Bestene García Moreno) está asociado a los hermanos Vila, al ex funcionario menemista, José Luis Manzano, y a la firma inglesa Ragusa Capital. En este arco ahora se podrían sumar los nuevos “mercados” que estarían evaluando vinculados a la minería.
Terminando con el cuentito de los estafados trelewenses, poco se supo antes de la decisión del Gobierno y menos ahora, de quien era el dueño original de esos terrenos, donde no pocos señalaban que serían propiedad de Aidar Bestene. De ser así, ¿cómo se hizo el “Ninja” de esas tierras?, no se sabe. ¿Cómo es que el prestigioso abogado garantía de su inmobiliaria no detectó la estafa a las 120 familias?, tampoco. Lo importante es que Buzzi se conmovió y se hizo cargo del “muerto” con plata de todos nosotros, y casas que podrían ser para inscriptos de años en el IPV. Pavada de solidaridad, no?