El presidente del Colegio Público de abogados de Trelew, sumó este fin de semana una página más en la polémica por la actuación del Consejo de la Magistratura del Chubut, entredicho que se suscita con el presidente de dicho Consejo, doctor Dante Mario Corchuelo Blasco. En una dura misiva le recuerda entre otras cuestiones, que se han designado jueces por “lobby” y también a pesar de los exámenes psicofísicos que dictaban lo contrario. Asegura Romero que Corchuelo Blasco ha utilizado “afirmaciones dogmáticas triviales” para desacreditar sus propuestas y le asegura que “del ridículo no se vuelve”.
En una carta dada a conocer este fin de semana Romero se mostró “aún sorprendido por su desparpajo en valerse de afirmaciones insólitas y expresiones insidiosas para atacar públicamente mi opinión crítica respecto del procedimiento de selección de jueces, fiscales y defensores por parte del Consejo de la Magistratura, no puedo menos que responderle para aclarar las cosas”.
Indicó en ese marco que “me resisto a creer que usted, como presidente del organismo y además miembro de su Comisión de Reglamento, desconozca las diferencias entre el ‘certificado de aptitud psicofísica’ que se exige a los postulantes y los exámenes psicotécnicos para evaluar las capacidades laborales que propongo incorporar como herramientas objetivas en el mecanismo de selección” y asegura que “si este desconocimiento es real, la situación luce preocupante. Si no lo es, peor; porque evidenciaría un propósito de desinformar a la ciudadanía asimilando conceptos esencialmente disímiles”.
Entre las diferencias que marca uno y otro procedimiento, Romero enumera que “el certificado de aptitud psicofísica se limita a acreditar, en el aspecto psicológico y psiquiátrico, que el presentante no padece de patologías incapacitantes para un desempeño intelectual aceptable. Las pruebas para son genéricas y están dirigidas a detectar desequilibrios mentales como retrasos globales de maduración, incapacidades verbales, disociación, etcétera; y por los objetivos que persiguen pueden ser las mismas para cualquier ocupación que requiera un mínimo esfuerzo intelectual”.
Asegura en la nota Romero que “los estudios para obtener este certificado no son tan exigentes, pues cualquier persona medianamente cuerda puede superarlos, al punto tal que lo que usted describe como ‘exámenes sicológico y siquiátrico muy exhaustivos a través de test de alta complejidad y otros sistemas de diagnóstico’, ha sido calificado por todos los postulantes que he consultado como un ‘simple trámite’. No conozco ningún caso en el que ese Consejo de la Magistratura haya desestimado a un candidato por el resultado de tales exámenes”.
Le recuerda además “el episodio suscitado el 15 de Marzo de 2010 (Acta 189), donde a pesar de la certificación psiquiátrica negativa respecto de un postulante a Fiscal General, usted opinó que ‘ha tenido un desempeño correcto en la actividad judicial y que debe tener una oportunidad porque es un postulante de la Provincia’, soslayando que según el criterio médico era un ‘no apto’ para cualquier cargo que se concursara”.

Más a fondo

En cambio, sostiene “los ejercicios psicotécnicos orientados a medir las capacidades psíquicas y psicológicas de una persona para desempeñarse en un puesto de trabajo determinado, permiten conocer las habilidades, intereses y características de personalidad de los aspirantes a ocupar el cargo, y también predicen el comportamiento futuro del candidato en la función específica. Son utilizados desde hace décadas en el ámbito privado”.
Resalta también que “estas evaluaciones sirven para medir variables cognitivas o de rendimiento intelectual, como niveles de inteligencia, memoria, atención y concentración, velocidad de ejecución, organización, planificación, etc.; y variables de personalidad relacionadas con el cargo que se pretende cubrir, tales como capacidad de liderazgo y conducción, nivel de autonomía, tolerancia a la frustración, nivel de ansiedad, nivel de agresividad, etcétera”.
Y enumera entre las técnicas usadas habitualmente por las empresas que “se dedican a la selección de personal, además de las entrevistas semi-dirigidas” test como “el Inventario Multifásico de la personalidad de Minnesota; el Inventario Millon de estilos de personalidad; el test de Dominós de E. Anstey, el Test de Frases Incompletas de Sacks”, entre otros, de los cuales describió su funcionalidad.
Aportó además que “estas pruebas se diseñan en función del tipo de trabajo que realizará el entrevistado, y su resultado mostrará el grado de compatibilidad del sujeto con el perfil psicológico deseable para el cargo que se concursa. Y sabe usted que son distintos los perfiles deseables para los cargos de defensor, fiscal y juez. De ello se ha hablado mucho ya en las reuniones del Foro Federal de Consejos de la Magistratura”.

Sistema anticuado

Criticó Romero que “cuando digo que el Consejo local tiene un sistema anticuado o arcaico de selección de magistrados me refiero precisamente a la resistencia a incorporar estas herramientas objetivas empleadas desde hace mucho tiempo en las empresas privadas, especialmente para cubrir puestos gerenciales de decisión”.
Destacó además que “si a usted le parece que un certificado de aptitud psicofísica expedido por profesionales del Programa de Salud de la Tercera Edad -según figura en la página web del Consejo- o del Hospital público local -según sucede en la realidad-, es suficiente para acreditar la idoneidad psicológica del postulante para el cargo específico que concursa, no queda margen para un debate serio sobre este tema. Sobra con señalar que la función de los psicólogos y psiquiatras que atienden a los jubilados, o al público en general en los hospitales, no es la de evaluar personalidades para su inserción en el campo laboral, y mucho menos en las diferentes ramas de la actividad judicial”.

Buenos jueces y de los otros

Romero aseguró que “no dudo de las buenas intenciones de los consejeros cuando en los concursos conjeturan sobre el perfil de personalidad de los candidatos, como si fueran especialistas en la materia; pero hay que reconocer que en la delicada tarea de designar magistrados que tendrán poder de decisión sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, las buenas intenciones no bastan”.
Y aclara que “tampoco sostengo que todas las elecciones del Consejo sean erradas. En la mayoría de los casos han designado a los más competentes, y por eso tenemos hoy excelentes jueces, excelentes fiscales y excelentes defensores; pero también de los otros. Muchas veces han privilegiado las capacidades intelectuales y morales del designado; y en otras las de lobby. Podría dar más detalles, pero a buen entendedor, pocas palabras”.
Finalmente resalta que “en definitiva, sin ligereza, desinformación ni ofuscación, sólo pretendo contribuir a mejorar la administración de justicia, y opino en consecuencia, con la seguridad de poder sustentar mi punto de vista. Si no comparte mis apreciaciones, no recurra a afirmaciones dogmáticas triviales para contradecirlas. No vaya tan lejos en su afán de desacreditar una reflexión sincera, que del ridículo no se vuelve”, concluyó.