Se remonta al pasado, a la década de los noventa, para referirse al arribo de las empresas mineras extranjeras al país. Habla de aspectos jurídicos, de beneficios económicos y de avales otorgados por los gobiernos. Derriba argumentos esgrimidos a favor de la actividad. Aborda diferencias y similitudes de una explotación a cielo abierto o subterránea, y de yacimientos de pequeña, mediana o gran escala. Marcelo Giraud (45) es geógrafo y fue representante –entre 2008 y 2010– del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) de la provincia de Mendoza (evaluación de los proyectos Potasio Río Colorado y San Jorge). Da ejemplos, pone énfasis en la puesta en práctica de consultas populares frente a la instalación de un proyecto, y advierte “los pasivos ambientales” que quedan cuando un yacimiento minero se agota.

“En ninguna provincia –describe- desde que está la ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera (incorporada como capítulo al Código de Minería), y mucho más aún desde que se promulgó la ley 25.675 (Ley General del Ambiente), ningún proyecto minero en el país debiera instalarse y comenzar a operar sin contar con una evaluación de impacto ambiental emitida por la autoridad de aplicación provincial. Incluso se deben hacer audiencias públicas, que van más allá de un proyecto minero, para que se puedan tener en cuenta las objeciones de los habitantes, de los involucrados que se expresen tanto a favor como en contra del proyecto. Eso al menos es desde el plano teórico.”

 P:-Desde determinados sectores se realizan varias críticas a la actividad minera. A usted, ¿qué es lo que más le preocupa?

M.G:-(Se ríe). La verdad es que me preocupan muchas cosas, tanto en lo que se refiere al impacto sobre el medio natural, es decir, el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, el paisaje, y todos los componentes del ecosistema en general, como el impacto social que implica la actividad. Si me pregunta por lo que más me pregunta, me veo en la duda de señalar un solo motivo. Según las características de cada proyecto, las especificidades propias, el impacto puede ser mayor en un sentido o en otro. En el caso del proyecto minero Potasio Río Colorado, que es muy diferente a los clásicos yacimientos de minería metalífera, una de las principales cuestiones no solo es el riesgo de contaminación de las aguas salinas cercanas a esa iniciativa –lo cual motivó una fuertísima resistencia, hasta que la empresa cedió y decidió hacer ciertas modificaciones que redujeron el riesgo para las aguas del río-, sino que también hay que tener en cuenta el consumo energético que demandaría ese proyecto: entre 1 y 2 millones de metros cúbicos de gas por día. Esa cifra, en orden de magnitud, representa aproximadamente el equivalente al consumo residencial de gas natural de toda la provincia de Mendoza. Se trata del proyecto que luego pasó a ser más conocido como Vale (por el nombre de la firma brasileña involucrada en el yacimiento), el cual quedó en suspenso y para el cual ahora el Gobierno provincial y nacional se encuentran buscando inversores o socios para adquirir o hacerse cargo de una parte de esa iniciativa. Por ahora se encuentra en stand by.

 P:-¿Deben separarse distintas formas de explotación dentro de la misma actividad?

M.G:-Hay dos grandes cuestiones. Una de ellas está vinculada a la pequeña, mediana o gran minería (también denominada de gran escala o megaminería). Por otro lado, está lo relativo a la minería subterránea o a cielo abierto. Habitualmente se habla de los impactos mucho más significativos de la minería a cielo abierto que de la subterránea. Eso último es verdad pero hay que tener en cuenta algunas salvedades. Por ejemplo, el procesamiento de los minerales, que es posterior a la extracción para obtener el metal, básicamente se desarrolla de una forma muy similar en la minería subterránea o superficial. El asunto radica en que la minería a cielo abierto está generalmente asociada a proyectos de mediana a gran escala. Hay impactos propios, relacionados directamente con las características de un proyecto a cielo abierto, donde las emisiones libradas a la atmósfera por supuesto van a ser mayores en términos comparativos a los de una explotación minera subterránea. En tanto, los riesgos de impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas van a ser similares en ambos casos. A igual tipo de uso de tecnología, de posibilidades de inversiones de capital en recaudos tecnológicos y en la puesta en práctica de los denominados planes de manejo, sin duda la minería de pequeña escala podría ser mucho más manejable que la de gran escala, que suele alcanzar un área de influencia mucho mayor. Si se llegara, en una suposición, a reemplazar por producción equivalente una mina de gran escala por cien minas de pequeña escala, quizá esas cien minas, dependiendo de cómo estén distribuidas y cómo trabajen, podrían incluso implicar un impacto menor. Todo depende lógicamente de la capacidad real, tanto de las empresas como de los gobiernos, de provocar el menor impacto posible en el ambiente. Es difícil pronunciarse a favor o en contra de un tipo de minería. La minería subterránea, por otro lado, suele implicar mayores riesgos laborales y a la vez está tendiendo progresivamente a disminuir en el mundo, porque las vetas y los filones que se suelen explotar se han ido agotando y por el aumento de la magnitud de la demanda descomunal y aberrante de metales a nivel global. Para poder extraer los volúmenes de metales que hoy está demandando el mercado mundial la “solución” tecnológica que se ha adoptado en las últimas décadas es la explotación a cielo abierto de minas de muy gran escala. Lo que hay que cuestionar es para qué y cuánta es la demanda, de qué metales y para quién.

 P:-¿Qué rol debe ocupar un estado en torno a la actividad? 

M.G:-Esa pregunta es clave, y a la vez la respuesta tiene muchas facetas. Un estado debería pensar en satisfacer las necesidades auténticas, genuinas de un país, o a lo sumo de una región (en la caso de Argentina, se podría dar en torno a la Unasur o de América Latina en su conjunto). No se debe pensar en una minería diseñada simplemente para satisfacer la demanda del mercado mundial. Dentro de ese marco, se debe evaluar cuál y cuánta es la demanda regional. Se debe analizar, además, quién va a realizar la actividad: si se va encargar el estado o un privado, y a la vez si se va a abrir la explotación al capital transnacional, con lo cual no estoy de acuerdo. Luego se deben seleccionar de forma muy estricta cuáles serían los proyectos habilitados para ser explotados, tratando de minimizar lo máximo posible los impactos para que éstos sean ínfimos. Son condiciones que hoy no se están cumpliendo ni desde lo formal (estudios de impacto ambiental) ni en cuento al control durante las operaciones y cierre del yacimiento. A su vez, se debe considerar mucho más, de lo que es hoy en día, la opinión de las comunidades involucradas.

Se habla de explotar más cobre en la Argentina, cuando en realidad en el conjunto de América Latina se está extrayendo entre el 48 y el 50 por ciento del cobre mundial, es decir seis u ocho veces más del cobre que se consume en la región. Se podrían cerrar fácilmente cinco de cada seis minas de cobre o reducir en un 80 por ciento la capacidad de extracción de ese mineral, y todavía se seguiría siendo autosuficiente. Más aún con el caso del oro. En el mundo no hace falta sacar un gramo más de oro. Si se habla de otros metales (cobre, hierro, de bauxita para el aluminio, de zinc), hay que evaluar cada caso. Pero, no obstante, la realidad es que en todos esos últimos minerales mencionados, se está extrayendo entre el doble y seis u ocho veces más de lo que necesita la población latinoamericana.