Lobby” expresa, cuando se le consulta por el rol de las mineras. Hay, en su despacho, una caricatura suya en un cuadro, además de una bandera argentina y varios libros. Viste una camisa simple y, mientras habla, acomoda su lente. Arquitecto, radical, santacruceño, intendente de la ciudad de Río Gallegos por dos periodos consecutivos (desde 1991 hasta 1999), diputado nacional, y actual senador (desde 2005 hasta 2017). Alfredo Martínez (1951) desmenuza a este medio el proyecto que presentó recientemente -junto a otros legisladores- para regular “la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos”.

P:-¿Cómo evalúa los resultados de las últimas elecciones legislativas?

 A.M:-El radicalismo hizo una buena elección, sobre todo en los grandes distritos, a excepción de la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe, teniendo como alianza a otra fuerza política, en Mendoza, La Rioja, Jujuy y Santa Cruz, al partido le fue muy bien. El resultado, no obstante, no varía demasiado en cuanto a la cantidad de legisladores que va a tener el oficialismo o el radicalismo. Al menos, me refiero al Senado. En la Cámara de Diputados habrá que analizar cuestiones referidas a ciertas alianzas que se pueden generar. En Santa Cruz, se ponían en juego tres bancas a ocupar en la Cámara Baja, y el radicalismo sostuvo dos de ellas. Lo que me pareció interesante, como lectura general, es que salvo por ejemplo Santiago del Estero, los votantes no le dieron un cheque en blanco a ningún partido. El crecimiento del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIP) marca con claridad ciertos mensajes que las personas mandan a sus representantes, y que hay que interpretar.

P:-En una entrevista realizada, el senador Mario Cimadevilla hizo hincapié en que las elecciones del 2015 plantean un escenario distinto al de las legislativas.

A.M:-Se puede tener en cuenta el mensaje que brinda la sociedad, pero es cierto que las elecciones de medio término nunca son iguales que las ejecutivas. Eso es una constante. En Santa Cruz, por ejemplo ha sucedido en algunas oportunidades que hay partidos que obtienen una considerable cantidad de votos en las elecciones legislativas, pero cuando hay que elegir a un gobernador las personas optan por otros mecanismos.

P:-De cara al 2015, ¿qué figuras dentro del partido se distinguen?

 A.M:-El radicalismo está mucho mejor posicionado, si se tiene en cuenta que el partido venía de una crisis muy profunda, donde prácticamente había perdido su visibilidad. Hoy, las personas escuchan al radicalismo, eso de todas formas no significa que acompañen al partido. Hay figuras importantes y de trascendencia nacional como ser (Ernesto) Sanz y (Julio) Cobos. Además, hay otros cuadros políticos que han comenzado a emerger ante la visión de los ciudadanos. Por ejemplo, Julio Martínez, en la Rioja, Gerardo Morales, en Jujuy, entre otros. Esas figuran dan posibilidades, esperanzas de cara al 2015.

P:-¿Es posible un acuerdo entre el radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP) a nivel nacional?

 A.M:-Sí, es el camino que por lo menos se está transitando. La experiencia de Santa Fe ya tiene varios años y está consolidada. En Mendoza, sucede algo parecido. En otras provincias se entablan alianzas de ese tipo, como ser en Santa Cruz, aunque no esté propiamente el FAP (partido que encabeza Hermes Binner); se da con otros nombres. En el Senado está presente la posibilidad de trabajar en conjunto con el grupo de legisladores que tiene el FAP.

P:-Usted preside la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, en el Senado. ¿Hay una articulación entre la Nación y los municipios? Por ejemplo, el Gobierno nacional impulsa el plan Más cerca (referido a la realización de obras públicas de manera consensuada con los jefes comunales). ¿Se ha avanzado en la construcción de obras durante los últimos diez años?

 A.M:-Realmente ha habido una articulación. En algunos casos, se ha dado a partir de planes, programas, como el que usted nombra, u otros vinculados a fondos provenientes de la soja, que van de forma directa a los municipios. Pero también es cierto que en más de una oportunidad esa herramienta se ha utilizado como una forma de domesticar a los gobernadores. Es decir, si un gobernador no es de la simpatía del Gobierno nacional, a veces la Nación aporta o no a los municipios. Es importante que haya planes de forma directa con los municipios, siempre y cuando se respete la institucionalidad y el federalismo. Se han hecho obras. Las obras de mayor envergadura no son muchas, pero algunas son importantes. En Santa Cruz, y en la Patagonia, se ha pavimentado la ruta nacional 40, se avanzó con la obra de interconectado (incorporación de Río Gallegos al Sistema Argentino de Interconexión), con la usina térmica de Río Turbio, que se encuentra en proceso, y la construcción de dos represas (en Santa Cruz, llevan el nombre de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). Cada vez más, no obstante, depende la buena relación o no que tengan los intendentes o gobernadores para poder acceder a ciertos beneficios para la provincia. Hay que socializar y universalizar esos beneficios, a través de programas y fondos que lleguen de forma directa a los municipios.

P:-Presentó recientemente un proyecto de ley de Hidrocarburos. ¿Qué especificidades contiene?

 A.M:-En el país se maneja una ley (17.319) que prácticamente no se puede aplicar, que es de la época del gobierno de facto de Onganía y que ha sido modificada en algunas oportunidades por decretos. No hay una legislación de base importante, y sabido es que la actividad petrolera en el país cambió de una forma increíble durante los últimos tiempos. Se aprobó la famosa “ley corta”, en la que se reconoció en forma clara y concreta el dominio originario de los hidrocarburos por parte de las provincias, de acuerdo a la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El proyecto de ley presentado tiene como objetivo instrumentar un mecanismo en la totalidad de la cadena de producción, es decir, desde el momento de la exploración hasta que en un surtidor se le carga combustible a un automóvil. Se generan dos organismos muy importantes a nivel nacional: el Consejo Federal de Hidrocarburos, como asesor del Poder Ejecutivo en la elaboración de la política nacional de hidrocarburos y como coordinador de dicha política e instancia de enlace con las provincias, y la Agencia Federal de Hidrocarburos, organismo autárquico de carácter técnico, ejecutor de la política de hidrocarburos a nivel federal y nacional. Las provincias tienen hoy que negociar con las petroleras y a veces están en inferioridad de condiciones. Entonces, se busca que haya una negociación a nivel nacional.

P:-Ese tipo de mecanismo que propone la iniciativa, ¿es nuevo?

 A.M:-Hoy está la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), pero es un organismo consultivo de las provincias. No interviene la Nación y a la vez no determina políticas petroleras. Se incorpora, además, en el proyecto de ley a YPF y ENARSA como empresas del Estado nacional para que intervengan y manejen el mercado hidrocarburífero. Por ejemplo, hoy en día hay un dispersión muy grande en cuanto a las diversas decisiones que se toman en las provincias, y eso es utilizado por las empresas multinacionales para lograr más beneficios. Otra cuestión que se plantea es la exigencia de la medición de los hidrocarburos que salen de cada lugar. Hoy cada provincia recibe las regalías de acuerdo a una declaración jurada de las empresas. No hay medición, salvo en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, se propone que las provincias instrumenten de forma obligatoria mecanismos de medición.

P:-¿Cómo sería?

 A.M:-Se mide a través de distintos mecanismos técnicos como ser los caudalímetros. Hay muchas formas. Hoy solo hay declaraciones juradas de las empresas. Otro tema importante es que se incorpora un capítulo completo de protección al medioambiente: relativo al seguro de remediación e impacto de la actividad hidrocarburífera. Nunca antes una ley de hidrocarburos tenía en cuenta esas cuestiones. Se pone énfasis en el control, se exigen desde la primera etapa los estudios de impacto ambiental y se establecen los mecanismos de sanciones para quienes infrinjan las normas. También se determina un mecanismo de contratación que implica la asociación entre empresas estatales y privadas. Se hace hincapié en que una empresa privada puede avanzar en la exploración de un lugar, y en caso de descubrir un yacimiento explotable comercialmente, se tiene que asociar con una empresa estatal (puede ser nacional o provincial).

P:-¿Habría una obligación?

 A.M:-Hay una obligación en este celebrar ese tipo de contratos, ya que además en otra parte de la ley se señala que se tienen que determinar las zonas estratégicas. Cuando se trata de una zona de ese tipo, el contrato a celebrase tiene que indicar que la participación de las empresas del Estado no puede ser inferior a un 30 por ciento. La empresa pública es operador del yacimiento. Eso está contemplado. En las zonas de riesgo, no consideradas estratégicas, se pueden dar concesiones, como lo es actualmente. En caso de que se aplique esta ley, el Consejo Federal de Hidrocarburos y la Agencia Federal van a determinar cuáles son las zonas estratégicas, y allí está la obligación de la incorporación del 30 por ciento del capital del Estado.

P:-Se elimina, además, el techo de regalías del 12 por ciento de la producción de hidrocarburos.

 A.M:-Así es. Lo que se plantea es que el techo que rige hoy del 12 por ciento, sea el piso. En caso de aprobarse la ley, ese techo se establecerá en la negociación de acuerdo a las características de cada yacimiento. Será fijado por las provincias en el caso de los yacimientos que sean sobre tierra; mientras que lo offshore será manejado directamente la Nación.

P:-¿Qué respuestas ha obtenido tras la presentación de ese proyecto? ¿Puede contar con el acompañamiento de otros sectores políticos?

 A.M:-Espero que sí. Se ha presentado hace muy poco tiempo. Todavía no se ha iniciado el debate, el cual creo que se dará el próximo año. La idea fue hacer una presentación pública de la iniciativa para que los sindicatos, las empresas petroleras, y todos los actores tomaran conocimiento. El objetivo es poder analizarla, ver qué diferencias aparecen y en qué sentido se puede llegar a enriquecer. No se trata de una verdad absoluta.

P:-¿En la ley se aborda la cuestión referente al método de extracción denominado fracking (fractura hidráulica) utilizado en la extracción de recursos no convencionales?

 A.M:-No se tiene un capítulo especial, pero está presente que se reglamenta todo lo que tiene que ver con la exploración y explotación de cualquier tipo de yacimiento (tradicional, no convencional). Se trata de una cuestión técnica. Lógicamente las empresas van a tener que cumplir con el capítulo ambiental, que es lo que más preocupa en torno al fracking.

P:-Cómo observa a esa técnica. 

 A.M:-Es un método complejo. En otro momento, cuando el país tenía autoabastecimiento energético no se hubiera pensado en avanzar con esa forma de extracción, porque a la vez es muy costosa. En petróleo cuando se habla de posibilidades, no significa que se tenga una reserva comprobada y explotable comercialmente. No me parece mal que se avance en la medida,  siempre y cuando estén las reservas necesarias y se tomen recaudos ambientales. Es distinta a la extracción convencional de petróleo. Se necesita de volúmenes de agua tremendamente importantes y se trabaja con químicos. Hay que ver bien esas cuestiones.

 P:-¿Hay cierta flacidez en los controles ambientales? 

 A.M:-En este momento, sí. De caso contrario no se podrían entender los derrames de petróleo que ocurren. Eso se debe a que no hay controles necesarios. En Santa Cruz, a veces quienes trabajan en el área ambiental tienen que pedir prestado vehículos a las mismas petroleras para ir a hacer las inspecciones. La provincia de Neuquén implementó un sistema de medición y de control, y se ha avanzado bastante.

P:-¿Hay un problema energético en el país?

 A.M:-Sin lugar a dudas. Aproximadamente hasta 2006, había autoabastecimiento. Luego se comenzó a importar energía de una manera increíble. Se importa hoy energía eléctrica, gas, fueloil, gasoil. Los cálculos de cara al año próximo, en lo que respecta a la proyección solo de combustibles, dan cerca de 15 mil millones de dólares por importación. Se genera un agujero muy importante en lo tarifario. Hasta ahora, los ingresos de la soja sostienen de alguna manera cierto desequilibrio.

P:-Cómo analiza la producción de energía eólica en la Patagonia.

 A.M:-Hoy en día cerca del 95 por ciento de la generación de energía es a través de los hidrocarburos, es decir, fueloil o gas. Hay entre un 2 y 3 por ciento que pertenece a la energía hidráulica y nuclear. Y el resto, lo ocupan energías alternativas. La energía eólica aún no está explotada en la Patagonia. Chubut y Santa Cruz son las dos provincias más beneficiadas para ese desarrollo por los corredores de viento. En la Patagonia, hay que pensar en proyectos importantes de granjas eólicas. Chubut es la que más ha avanzado. En Santa Cruz, hay experiencias que todavía son pequeñas.

P:-El senador Eugenio “Nito” Artaza presentó en el Congreso un proyecto para prohibir la megaminería a cielo abierto…

 A.M:-No me opongo a la minería, si la actividad se desarrolla de una forma sustentable. Fui quien manejó el proyecto de preservación de los glaciares. Si se avanza con la minería y se destrozan glaciares o se contaminan cuencas hídricas, estoy en contra de ese tipo de explotación. Hoy hay mecanismos de explotación que son sustentables. Por ejemplo, en torno al litio, en Jujuy, se generó una ley provincial que garantiza la explotación teniendo en cuenta determinados controles. Si a las mineras no se las controla, hacen lo que quieran. En un momento la Barrick Gold proponía correr directamente un glaciar. Son multinacionales que si no se las controla dejan un desastre ecológico y el mayor porcentaje de los beneficios se lo llevan a sus casas matrices. Otra cuestión que el radicalismo ha presentado es la modificación del Código de Minería, que por ejemplo establece que el tope máximo que las provincias pueden cobrar es del 3 por ciento sobre el valor de boca de mina del producto (se considera así al mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de trasformación). No estoy en contra de la minería porque hay lugares en donde la actividad es una expectativa para los habitantes, brinda puestos de trabajo a algunas personas. No estoy de acuerdo con la megaminería que destroza el ambiente.

P:-¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los restantes partidos políticos hacia los proyectos presentados por el radicalismo en torno a la actividad minera?

 A.M:-Para que usted tenga idea de cómo es de fuerte el poder que tienen, el lobby…Recién la semana pasada, en la sesión del Senado, se modificó un artículo de un proyecto presentado hace siete años referente al Código de Minería. Se aprobó que quede prohibido el ingreso a las minas de menores de diez años. Para que usted tenga una idea, eso aún estaba vigente, pero no se podía tratar. No se quiere tocar nada que pueda llegar a abrir un debate acerca de ese tope máximo del 3 por ciento, de los seguros de remediación, de los contaminantes utilizados en la actividad. Son intereses muy fuertes los que hay en torno a la minería.

P:-En una entrevista realizada por este medio, la historiadora Elsa Bruzzone indicó que las mineras actúan como un Estado dentro del mismo Estado (nacional o provincial).

 A.M:-Es así. Sin lugar a dudas, es así. Como senador nacional, tengo que pedir autorización para ingresar a una minera. Y en teoría son lugares públicos. Las mineras muchas veces tienen más poder que los propios gobiernos.

P:-Cuando se presentan proyectos que abordan ciertas cuestiones en torno a la actividad, ¿no se pueden ser tratados por algunas presiones?

 A.M:-En muchos casos es así. Por ejemplo, por qué no se puede tratar la discusión de eliminar ese techo del 3 por ciento. Hay varios senadores o diputados que no quieren hacerlo. Hay gobernadores que piden a sus representantes provinciales en el Congreso que dejen “tranquilos” determinados proyectos. Es parte del lobby.