Ayer, se hizo lugar a otro embargo autorizado por el conjuez de Comodoro, Héctor Eduardo Freile, por 14 millones contra cuentas de la Provincia, y se suma a los 13 millones del pasado lunes, por lo que totalizan 40 los millones de pesos confiscados al Estado chubutense en el marco de las acciones interpuestas por magistrados y funcionarios judiciales.
Los embargos son en favor de un grupo de abogados que trabajan en Poder Judicial y en el marco del polémico litigio que mantienen los jueces y magistrados por recomposiciones salariales.
El presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Chubut, Leonardo Pitcovsky, afirmó en Radio del Mar que se podría acordar el no embargo de las cuentas provinciales si se confirmara un cronograma de pagos. «A mi juicio tendría que presentarse en cada ejecución, hablar con los letrados y propios ejecutantes».
Además, señaló que «si hay voluntad se puede hacer pero tendrá que ser aceptado por cada demandante». En relación con los embargos trabados por funcionarios del Poder Judicial en función de sentencias por el acuerdo incumplido por parte del Estado, explicó que «la posición de la Asociación de Magistrados fue que a comienzos de este año con la nueva Comisión Directiva y ante el incumplimiento desde julio de 2012 se intentó llegar a un nuevo acuerdo con la ministro de Economía (Gabriela Dufour) donde se cedía nuevamente un 50% de la escala salarial que en su momento se había acordado voluntariamente con la anterior Comisión Directiva de un 40% escalonado en dos años».
Ante esta nueva propuesta -explicó-, «no tuvimos ninguna respuesta positiva. Anunciando que se estaba incumpliendo una sentencia por este acuerdo firmado voluntariamente el año pasado por el gobernador (Martín Buzzi) y el ministro de Gobierno (Javier Touriñán) y como toda sentencia que se incumple se ejecuta. Esto lo sabían perfectamente. Es una cuestión de puro derecho».
Además, recordó que «el derecho que se reclamaba era tener un salario promedio a la media patagónica» y negó que los salarios fueran de alrededor de 60 mil pesos promedio cuando comenzó el reclamo, el cual, según dijo, «lo hicimos por todos los funcionarios y jueces con distintas antigüedades y con sueldos mucho menores a eso».
«Desconozco esta nueva presentación», dijo en alusión a los nuevos embargos trabados el lunes y hoy por conjueces de Comodoro. «La Asociación dejó de actuar en el mes de julio y los embargos son individuales y hacen hincapié en el propio acuerdo que dice que se equiparan los salarios con el del promedio de otras provincias patagónicas», sostuvo Pitcovsky.
«Conforme el acuerdo de la anterior Comisión Directiva con el Poder Ejecutivo el listado que se hizo conocer era de alrededor de 600 funcionarios y magistrados», dijo, mientras que la provincia reconoce a 260 funcionarios y magistrados que deberían cobrar por lo que el resto podría continuar litigando, según confirmó el presidente de la Asociación».
Asimismo, dijo que «a Ley de Porcentualidad sigue vigente» y sostuvo que «el amparo que se presenta en 2008 fue por la Asociación de Magistrados y reconocido por dos sentencias y por el propio acuerdo».
Por último, negó una posible influencia en el ánimo de los magistrados en distintas causas que involucran al Estado ante la tensión con el poder político. «Al momento de dictar sentencia se actúa con neutralidad. Además los jueces están controlados por las partes al momento de dictar una sentencia. Luego hay una instancia de revisión por una Cámara, otra por el Superior Tribunal, otra ante la Corte», recordó y sumó que «también está el Consejo de la Magistratura ante una denuncia en concreto».