El Colegio Público de Abogados de Trelew que preside Oscar Romero realizó esta semana una nueva presentación ante el gobernador del Chubut, Martín Buzzi, a quien le solicitaron la urgente designación del cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia por la renuncia del doctor Daniel Luis Caneo. En la misiva hacen referencia a la situación de críticas en la que se encuentra la Sala Civil por las demoras “excesivas” en la resolución de las causas y aseguran que están de acuerdo con aplicar en la selección un método similar de audiencias públicas que se utiliza para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que el decreto que reglamenta esta selección no es difícil de “adaptar” a la provincia del Chubut.
Mediante un extenso escrito que fue presentado en Casa de Gobierno el pasado martes 1° de octubre, y con la firma del presidente del mencionado Colegio Público el doctor Oscar Romero, le solicitaron al primer mandatario provincial que se cumpla con lo que dispone el procedimiento previsto en el artículo 166 de la Constitución Provincial luego que el Ejecutivo le aceptara la renuncia a Caneo quien se acogió a los beneficios de la Jubilación.
Aseguran en la presentación que en el marco normativo vigente dentro de la Ley V N° artículo 26, “se impone la urgente cobertura de la vacante producida a fin de dotar al máximo Tribunal de nuestra provincia de la estructura legalmente prevista”.
Señalan en la presentación que “no escapará al conocimiento del señor Gobernador que una de las más frecuentes críticas que recaen sobre la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia desde distintos sectores de nuestra comunidad, tiene que ver con la excesiva demora en la resolución de las causas”, y agregan que “esa situación de morosidad judicial ya era preocupante con una dotación de tres Ministros que trabajan sin descanso, no cabe esperar que se revierta ahora con un menos número de integrantes” y acotan que eso es al menos lo que sugiere la acumulación de licencias anuales por parte de los Ministros.
Sostiene el escrito del Colegio Público de Abogados que “por el contrario el contexto descripto torna apremiante la pronta designación de un nuevo Ministro con el objetivo de mejorar la administración de Justicia”.

Método de selección

Asimismo y sobre la designación de los Miembros del Superior Tribunal de Justicia, que ha sido discutido públicamente y sobre lo cual el gobernador aseguró que buscará otro método con participación ciudadana, el Colegio Público de Abogados también brindó su opinión. Asegura Romero en esta oportunidad que “le hago saber que el Directorio de este Colegio Público de Abogados comparte y apoya enfáticamente ‘el mecanismo de autolimitación que incorpore el sistema de Audiencias Públicas’ que el señor Gobernador ha propuesto recientemente según se lee en el Portal de Noticias de la página oficial del gobierno en Internet”, correspondiente al día 11 de septiembre del 2013.
Repasan que “sobre este tópico el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 222/2003 estableció el procedimiento para el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la publicación ‘del nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia’, la obligación de éstas ‘de presentar una Declaración Jurada con la nómina de todos los bienes propios los de su cónyuge y/o conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores’ en su artículo 4to”.
Asimismo indican que el mismo decreto establece que se debe “adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas”, también por el mismo plazo.

Democratización

Indica el decreto, que además deberán acreditar “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.
También marca la facultad concedida “a los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones de profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos”, de manifestar “sus posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”.
Precisa Romero en nombre del directorio del Colegio Público que “estas son algunas entre otras disposiciones de sana política, que constituyen un excelente ejemplo a seguir, máxime teniendo en cuenta su sencilla adaptación en el ámbito local por la similitud de las normas constitucionales que reglamenta”.
Es por ello que agrega que “ante la posibilidad concreta que tiene hoy el señor Gobernador de encarar una verdadera democratización de la Justicia, en representación del Colegio Público de Abogados que presido, peticiono que actúe consecuentemente con sus públicas declaraciones en este sentido”, finaliza el escrito.