Los conjueces Francisco Miguel Romero y Héctor Eduardo Freile ambos abogados del fuero penal y civil de Comodoro Rivadavia son los que pusieron la firma para ejecutar los embargos por un valor de 42 millones de pesos. A Romero lo removieron luego que el colegio de abogados de esa ciudad le suspendiera la matricula y lo terminaron desplazando. Freile firmó embargos por 13 millones de pesos el lunes, por 14 millones el martes y por 6 millones el jueves, el mismo día que la Legislatura aprobó una ley para ponerle freno a los embargos que sólo podrán ser de un millón de pesos por mes.
Los jueces que embargaron las cuentas de la provincia son: Basilico, Cristian y otros por $ 1.496.000; Zanatta, María Fernanda $ 202.500, Kank, Máximo Jorge $ 176.900, García Morón, Viviana y otros $ 890.000; Toquier, Gustavo Luis $ 180.900, Rolon, Ricardo Raúl y Otros $ 168.808, Leonardh, José y otras $ 601.400 , Freile, Marcela $ 150.600, Vázquez, Valeria $ 149.234, Macías Ramón $ 150.000, Cretton, Marcelo $ 156.500; Rodríguez, Graciela $ 187.200; Donadio, Brenda Maria Natalia y otros $ 630.454; Brondes, Lucio y otros $ 476.255; Del Bazo, Claudia y otros $ 177.369; Ledesma, Gastón y Otros $ 232.000; Blanco, Rodolfo y Otros $ 1.047.235; Causevich, Laura Rosana $ 128.254; Solís Jones, Norma y otros $ 515.340; Margarita, Susana $ 170.972; Mascarell Truan, Germán y otros $ 371.213; Caleri, María Andrea $ 352.787; Gómez Montoya, Daniela $ 61.151; Robledo, Leandro $ 105.146; García, Juan Pablo $ 108.856; Nieto Di Biase, Marcelo Fernando $ 146.570; Ezpeleta; Maria Salome $ 179.218; Sina, Dora Ines $ 207.805; Cugura, Tamara y otros $ 102.896; Frontini, Carlos y otros $ 784.201; Álvarez, Carlos Gabriel $ 784.205; Caperochipi, Juan Carlos $ 211.257; Hernández Ada Dalila y otra $ 277.257; Banfi Saavedra, Camila Lucia y otros $ 1.535.583; González de Vicel, Mariela $ 172.654; Strasser, Rossana Beatriz $ 138.702; Scuffi, Patricia y otros $ 1.087.021; Donati, Sonia y otro $ 307.896; Vergara, Raúl $ 804.608; Robert, Verónica y otras $ 654.469; Wandersleben, patricia margarita y otra $ 226.672; Basilico, Christian y otros $ 255.291; Borjas, Lucia $ 119.118; Melero, Susana y otra $ 446.349; Golubczyk, Diana $ 210.248; Corradini, María Rosa y otros $ 1.087.925; Estefanía, Carina Paola y otros $ 903.293 García, Nelly Nilda $ 185.056; Zappellini, Bruno Damián y otros $ 1.537.100; Monge, Marta y otros $ 931.803; Russomando, Fabian Gustavo y otros $ 1.195.598;
Villa Billones, Sonia y otros $ 1.000.523; Lorenzetti, Néstor Ángel y otros $ 1.617.119; Bracco, Brenda Beatriz y otros $ 1.617.119; Casal, Roberto $ 1.710.173 Oporto, Alberto Nicanor y otros $ 1.172.034. El total del listado conforma $ 35.575.319 a los cuales hay que sumarle los seis millones que ingresaron como embargos en jueves pasado.

Escudo protector

“El Estado tuvo que protegerse con un escudo de otros integrantes que se atacan así mismo”, dijo el ministro de Gobierno Javier Touriñan que la semana pasada calificó a los magistrados que embargaron las cuentas como unos “hijos de puta”, y sostuvo que esta actitud de los jueces incrementa el descrédito de la comunidad sobre los integrantes de la justicia en Chubut.

Historia

Recordemos que en el año 2008 se promueve ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, de Comodoro Rivadavia, una acción de amparo por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut contra la Provincia del Chubut por aumentos salariales y que se equipararan con el resto de la Patagonia.
En noviembre de 2009 una conjueza designada para el citado juicio condena a la Provincia del Chubut a que en un plazo de 30 días le remita las partidas presupuestarias necesarias para liquidar y abonar las sumas que en cada caso correspondan, con retroactividad al mes de octubre de 2008.
El fallo fue apelado por la Provincia al Tribunal Superior, que confirmó la sentencia de primera instancia. Ambas partes interpusieron recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y estando en curso los mismos, las partes llegaron a un acuerdo privado, desistiendo de los recursos interpuestos, que luego fue homologado judicialmente por la Sala interviniente del Superior Tribunal de Justicia el 1 de junio de 2012.
Dicho acuerdo no fue cumplido por parte de la Provincia y en virtud de ello la parte actora, es decir la Asociación de Magistrados y Funcionarios, inicia la ejecución de sentencia mediante el embargo de las cuentas al Estado.