Ayer, 2 de octubre, se cumplieron diez años de la última vez que Iván Torres fue visto con vida en una plaza céntrica de Comodoro Rivadavia. Según denuncia desde entonces su madre, María Millacura, en la desaparición de Iván que en ese momento tenía 24 años, estuvieron involucrados efectivos de la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, quienes además lo habrían torturado.
Y como todos los años, MIllacura volvió a presentarse al mediodía en la Seccional Primera a exigir la aparición con vida de su hijo, volvió a recordar que el joven estuvo detenido por tres meses según el testimonio de testigos, testigos que luego fueron asesinados en situaciones confusas.
Iván fue visto por última vez la noche del 2 de octubre de 2003 por sus amigos, cuando fue detenido por agentes de la seccional primera de la ciudad de Comodoro Rivadavia y llevado a la misma y varios testigos reconocieron haberlo visto el 3 de octubre en esa misma comisaría.

Imputabilidad policial y condena internacional

Millacura no se calla y continúa denunciando: “Ahora quieren bajarle la imputabilidad a los milicos, cuando la Corte Interamericana los denunció por privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición forzada, que ellos siguen negando”. Además de advertir que seguirá pidiendo al personal policial que sigue en funciones “que se quiebre”.
Por su parte, la abogada de la familia de Iván Torres, Verónica Heredia, en diálogo con Radio del Mar, dijo que «en esta década de la impunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por primera vez, por desaparición forzada de personas en democracia, por la desaparición y tortura de Iván ocurrida el 2 de octubre del 2003 en la comisaría Primera de Comodoro Rivadavia».
Y puntualizó que «hablamos de una desaparición ocurrida hace 10 años con una sentencia de condena para el Estado de Argentina. Hasta el día de hoy vemos que el Estado no dio ninguna respuesta, ni cumplió ninguno de los puntos de la sentencia dictada por la corte en 2011, sino que hasta el día de la fecha es la señora María (Millacura, madre de Iván) quien dice que Iván fue desaparecido por el Estado cuando en realidad hay una sentencia de condena».
Cabe señalar que el 26 de agosto de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia condenatoria responsabilizando al Estado por el hecho. «No es que la señora María dice o yo digo, sino que lo dice una sentencia», sostuvo Heredia al subrayar el fallo internacional.
La abogada se manifestó indignada porque «las autoridades y el personal policial que el 2 de octubre del 2003 ocupaban cargos en el Poder Judicial, Fiscalías a nivel provincial o nacional, continúan prestando funciones en algunos estamentos del Estado y no se ha iniciado la investigación ordenada por la Corte para poder determinar dónde está Iván».

Cambio de tipificación

En la Justicia Federal, tras varios entredichos entre la defensa y la doctora Eva Parcio, dijo que «la Cámara Federal de apelaciones de Comodoro Rivadavia el 4 de julio de este año cambió la tipificación legal de ‘desaparición forzada’ que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cambió por ‘privación ilegítima de la libertad’ lo que deja afuera la detención arbitraria, la tortura y desaparición forzada de Iván. La señora María dice que no va a permitir que se haga un juicio con una parodia porque desde el momento en que se cambió la calificación legal esto no cumplirá con lo ordenado por la Corte Interamericana».

Una historia sin testigos vivos

El 28 de mayo del 2011 murió otro testigo protegido en la causa que investiga la desaparición forzada de Iván Eladio Torres a manos de la policía chubutense. Se trataba de Juan Pablo Caba, 30 años, cuñado de Iván, que alcanzó a estar 15 días agonizando en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y acusar una “emboscada”. Con este, ya sumaban seis los casos de personas vinculadas a la causa que morían en situaciones confusas tras de la desaparición de Iván el 2 de octubre de 2003 como bien detalla la revista lavaca.org.
Caba estaba protegido como testigo por expreso pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero de ese año requirió al Estado argentino “información actualizada”. En su respuesta, el Estado argentino aceptó la figura de “desaparición forzada” y prometió ahondar en la investigación. Poco después, la Justicia procesó a 15 policías que habían ya sido sobreseídos en 2007. La abogada del caso, Verónica Heredia, consideró que se trató tan sólo de una jugada para tener con qué presentarse a la instancia internacional. Aunque, oportunamente, Heredia interpretó: “Lo que no reconoce el Estado es que esta práctica es sistemática y está avalada por el Poder Judicial y Legislativo. El Estado sigue siendo retórico: para afuera, un buen discurso, pero para adentro, siguen muriéndose testigos”.

Cinco testigos menos
Según sigue el pormenorizado informe de lavaca.org, otros cinco testigos más fueron muertos y sus casos no esclarecidos. Dos de ellos habían denunciado haber visto con vida a Iván en la comisaría.
El 6 julio de 2006, la Corte Interamericana había ordenado protegerlos. Un año más tarde, Walter Mansilla era asentado como NN en el libro de la morgue de Comodoro; David Hayes fue acuchillado y detenido en un hecho que la policía caratuló como “confuso”; el acta de defunción de Gastón Vara apareció cuando fue citado a declarar. Gastón Vera y Dante Camaño corrieron la misma suerte. La Corte extendió la protección a familiares y abogados. El propio Juan Pablo siguió soportando detenciones arbitrarias y golpes: “Lo fui a buscar a comisarías en toda la Provincia, y siempre estaba muy golpeado”. El 26 de septiembre de 2003 lo detuvieron, golpearon y, en un monte, los desnudaron y gatillaron en la cabeza.